:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
Los congresistas Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, y Alex Paredes, de Bloque Magisterial, respaldaron la vigencia de la Ley 32330, que establece que adolescentes de 16 y 17 años pueden ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves, pese a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional.
La Ley 32330 modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, incorporando a los jóvenes de 16 y 17 años como sujetos imputables en el sistema penal ordinario para delitos graves.
La norma contempla un régimen especial de internamiento con enfoque educativo y terapéutico hasta los 21 años, diferenciándose del sistema penitenciario común, pero elimina la exención de responsabilidad penal para estos casos.
Al rspecto, Jorge Montoya afirmó con contundencia que “un asesino es un adulto, si tienes un menor, ese es un delincuente”, defendiendo la norma como una herramienta necesaria para proteger a la sociedad frente al aumento de crímenes cometidos por jóvenes.
Alex Paredes coincidió, calificando la posición de la Fiscalía como errónea y advirtiendo que anular la ley pondría en riesgo la seguridad ciudadana, pues muchos adolescentes implicados en delitos graves actúan con la misma peligrosidad que adultos.
Ambos legisladores aclararon que la ley no criminaliza a todos los menores, sino exclusivamente a quienes cometen delitos de alta gravedad como homicidio calificado, sicariato, violación sexual, extorsión, secuestro y terrorismo, entre otros.
El Congreso prepara la defensa legal de la norma ante el Tribunal Constitucional, a través del procurador parlamentario. Montoya expresó confianza en que el máximo órgano constitucional respaldará la ley, esperando que “piense como pensamos todos los que vamos a quedar en el Congreso en este aspecto”.
Alex Paredes criticó la demanda de la Fiscalía, señalando que invalidar la norma equivaldría a “avalizar” delitos graves cometidos por menores de 16 y 17 años.
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