Jorge Ramírez (Foto: Yosashira Pérez)
Jorge Ramírez (Foto: Yosashira Pérez)

El procurador ad hoc para el caso Lava Jato, , ha tenido en el 2019 un año complicado. Algunas de sus decisiones han sido cuestionadas como por ejemplo el hecho de que se perciba un manto de impunidad con los directivos de . De ese y otros temas le responde a Correo en esta entrevista.

¿Considera que el 2019 fue beneficioso para el Estado Peruano respecto al cobro de reparación civil a la empresa Odebrecht?

Por supuesto que sí. Antes del caso Lava Jato, prácticamente nadie pagaba las reparaciones civiles. Ahora el Estado ha cobrado S/ 80 millones como primera cuota de lo que debe pagar Odebrecht. Este pago es el monto más alto por reparaciones civiles en la historia judicial del país. Adicionalmente ingresarán otros S/ 30 millones al nuevo fideicomiso del acuerdo para garantizar la segunda cuota y parte de la tercera. Además, (en el caso ) el PJ aprobó el acuerdo de colaboración (con Josef) Maiman, y pagará US$2 millones por reparación civil y se repatriarán otros US$ 12 millones aproximadamente.

La situación se tornó difícil cuando se generaron ciertas expectativas sobre el desembolso del dinero por la venta de Chaglla a Odebrecht…

Fueron turbulencias propias de la ejecución de un acuerdo como este, que desde el punto de vista técnico-legal es altamente complejo. Hay que tener en cuenta que es el primer acuerdo de colaboración eficaz de carácter corporativo en la historia judicial del país. Las empresas buscan beneficios comerciales a diferencia de las personas naturales que quieren colaborar para no ir a prisión. Sin embargo, la colaboración estratégica entre el Equipo Especial, que lidera el fiscal Rafael Vela, y la Procuraduría ad hoc, ha podido superar los obstáculos que se han presentado, actuando siempre desde el marco de la legalidad.

¿Considera que la firma del acuerdo con la constructora es beneficiosa para el Estado?

Así es. El acuerdo está permitiendo la obtención de información y pruebas. Hoy sabemos que había varios niveles de ocultamiento de los sobornos en paraísos fiscales en diversas partes del mundo. Esas pruebas y los testimonios de los colaboradores son los que necesitamos para las condenas. Y esa información también le sirve a la Procuraduría para cobrarle reparación civil a otros investigados y a otras empresas que se coludieron con Odebrecht. Por ejemplo, gran parte de los S/ 600 millones que tenemos en embargos a investigados y empresas se han sustentado con la información de Odebrecht. Asimismo, el acuerdo ha generado un efecto dominó. Al ver que las investigaciones avanzan gracias a la información de Odebrecht, otros investigados y empresas han ido a tocar la puerta del Equipo Especial para solicitar ser colaboradores. Graña y Montero es una de ellas, pero hay otras más que vienen en camino. Esto es bueno porque nos permitirá incrementar el cobro de reparaciones civiles.

Algunos sectores políticos dicen que se ha beneficiado a Odebrecht con el pago de la reparación civil ¿que nos puede decir sobre estas críticas?

Esa es una visión errada. Primero, porque el monto de S/ 610 millones de reparación civil es completamente legal ya que se ha determinado bajo unas fórmulas establecidas en la Ley 30737 y su reglamento. Y segundo, porque el pago en cuotas de la reparación civil es consecuencia del beneficio que la Fiscalía otorgó de eximir a la empresa de la ley 30737 en mérito a su colaboración relevante. Al eximirla de la ley, se liberaban los fondos del fideicomiso y es ahí donde recién la Procuraduría tuvo que negociar la forma de pago. El Poder Judicial ha dicho en una sentencia que todo esto es legal, razonable y proporcional teniendo en cuenta el aporte con pruebas de información que viene dando la empresa.

No siente que existe un nivel de impunidad contra los directivos de Odebrecht porque así pague al Estado ninguno de los directivos irá preso…

Son las reglas que ha dado el Estado peruano para luchar contra la corrupción. La ley 30737 y el Código Procesal Penal establecen estos beneficios para quienes dan información y pruebas sobre delitos de corrupción en agravio del Estado. A todos no se les va dar estos beneficios. Los directivos de Odebrecht han sido procesados por la justicia de su país. Allá tienen la condición de delatores premiados y están o han estado en prisión, y en otros casos están sometidos a reglas de conducta que deben cumplir. Lo que estamos haciendo nosotros es valernos de la información que Odebrecht no está dando sobre aquellos políticos, altos funcionarios públicos y empresarios peruanos que delinquieron, para procesarlos a ellos y así evitar que siga reinando la impunidad en este país.

¿En algún momento se podrá revertir tal situación?

Ello sólo podría ocurrir si la empresa Odebrecht y sus exdirectivos incumplen con las obligaciones que tienen de seguir dando toda la información y pruebas sobre todos los proyectos que tuvieron en el país. Si se produce un incumplimiento del acuerdo por parte de la empresa, entonces la Fiscalía y la Procuraduría están facultadas para actuar con todo el peso de la ley, tanto a nivel nacional como internacional. Pero este es un escenario que está fuera de nuestro plan de acción, puesto que tenemos un Acuerdo de Colaboración que viene dando resultados y que estamos obligados a respetar.

¿Cuál sería la máxima sanción de Odebrecht en el Perú? Porque en Brasil sí terminaron presos sus directivos y aquí no…

Son realidades de investigación diferentes. Odebrecht no fue la primera empresa que se sometió a la colaboración eficaz en Brasil. En Perú en cambio sí fue la primera compañía que se sometió a la colaboración, y ha dado toda la información que hoy conocemos. El acuerdo ha sido negociado con nuevos directivos de la empresa en el Perú. Depende de cómo se vea la máxima sanción a una empresa. En el Perú y en el resto de países Odebrecht está con graves problemas económicos como consecuencia del caso Lava Jato, y aquí tiene una sentencia que la obliga a pagar una reparación civil de S/ 610 millones más intereses legales. Además, han sido sometidos a candados comerciales muy estrictos con el DU 003-2017 y la Ley 30737, y hoy un gran sector de la sociedad los mira con desconfianza.

¿Qué hubiera pasado si no se firmaba el Acuerdo de Colaboración con Odebrecht?

Antes de firmar el preacuerdo con la empresa, la Procuraduría ad hoc proyectó varios escenarios. Si no se llegaba a un acuerdo, cualquiera de los acreedores de Odebrecht Perú podía pedir la declaratoria de insolvencia de la empresa por falta de liquidez para pagarles, dada la grave situación financiera de la empresa. Ello aumentaba el riesgo de que se vaya del país llevándose la información y las pruebas. En ese escenario nos quedábamos también sin reparación civil porque íbamos a ir a la cola de acreedores sin un título de deuda judicial, ya que íbamos a tener que esperar varios años a que acabara el proceso penal. Ahora tenemos una sentencia que nos permitiría reclamar nuestro derecho en una eventual junta de acreedores. Por otro lado, la gran mayoría de los casos de la Fiscalía iban a terminar cayéndose porque las informaciones para abrir esos casos fueron dadas por la empresa, con lo cual no íbamos a conocer nada de lo que hoy sabemos y aún tenemos por conocer. Y sin esa información tampoco le íbamos a poder cobrar reparación civil a las otras empresas e investigados. El acuerdo ha sido lo más conveniente para el país.

¿Qué significa el fideicomiso de garantía con Odebrecht? ¿Para qué sirve?

Tal como establece el Acuerdo, se creará un nuevo Fideicomiso de Garantía para asegurar el pago del resto de cuotas de la reparación civil. A Odebrecht se le retendrá un porcentaje de sus ingresos por contratos públicos y privados, venta de activos y dividendos. Este nuevo Fideicomiso se iniciará con S/. 30 millones para asegurar la 2° cuota y parte de la 3° cuota. Sin embargo, para que este esquema de aseguramiento pueda funcionar en su totalidad es importante que la empresa pueda seguir operando en el país, ya que este es un beneficio que le ha otorgado la Fiscalía.

Se conoce que Odebrecht afronta una crisis económica ¿qué pasaría si cambia de nombre, se vende o es absorbida por una nueva empresa? ¿cómo quedaría el pago de la reparación civil?

En el acuerdo hay una cláusula específica sobre este tema. El acuerdo ha sido firmado con las empresas Constructora Norberto Odebrecht, matriz Brasil y sucursal Perú (que ahora es Odebrecht Ingeniería y Construcción) y con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. La cláusula señala que la deuda de reparación civil se mantiene así se cambie de nombre a la empresa, se transforme o sea absorbida por otra empresa. Además, con la aprobación judicial del acuerdo, en caso de un proceso de insolvencia de la empresa, ahora tenemos un título de deuda a nivel nacional e internacional para el cobro de una reparación civil de S/ 610 millones más intereses legales y por cuatro proyectos. Eso nos permitirá sentarnos en una mesa de acreedores en caso estas empresas ingresen a un proceso de insolvencia. Por ahora, en Brasil, las empresas que forman parte del proceso de recuperación judicial del holding no son las empresas con las que hemos firmado el acuerdo.

¿Cómo se maneja el tema de los procesos arbitrales con Odebrecht?

Dentro del acuerdo con Odebrecht, existe una cláusula que plantea la solución al tema de los arbitrajes por los 4 proyectos que reconoce la empresa en el convenio. Primero, se promueve un entendimiento de las procuradurías que tengan arbitrajes con la empresa. Si ello no ocurre, el Estado puede usar las pruebas de corrupción proporcionadas por la empresa contra ella misma dentro de los procesos arbitrales.

¿Siente el respaldo del Ejecutivo?

El Ejecutivo ha dado diversas muestras de respaldo al Acuerdo con Odebrecht y en esa medida ello también es un respaldo al trabajo que hemos hecho para sacar adelante ese convenio. Desde que asumí el cargo, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ha sido presidido por cinco ministros de Justicia: Marisol Pérez Tello, Enrique Mendoza, Salvador Heresi, Vicente Zeballos y ahora la actual ministra Ana Revilla. Todos ellos han respetado la autonomía de la Procuraduría y nos han brindado el apoyo logístico y administrativo que requiere nuestro trabajo, lo cual ha permitido obtener los resultados que venimos logrando. Lo que sí esperamos es que la nueva Procuraduría General ponga fin a los conflictos que enfrentamos al interior del sistema de defensa del Estado, los cuales no han sido generados por nosotros, ya que siempre hemos informado al Consejo sobre los montos y formas de pago de las reparaciones civiles.

¿Qué acciones se están tomando en otros casos?

La procuradora adjunta Silvana Carrión y yo estamos visitando las regiones del país donde hay otros procesos del caso Lava Jato a cargo de fiscalías regionales. En noviembre hemos visitado Chiclayo y Piura para impulsar procesalmente los casos Olmos (Odebrecht) y Alto Piura (Camargo Correa), respectivamente. Esto es aparte de las visitas permanentes que hacen nuestros abogados para participar de las diligencias de estos casos. Por ejemplo, en el caso Alto Piura hemos solicitado que este sea adecuado a la Ley de Crimen Organizado y que pase a estar a cargo del Equipo Especial en Lima. Allí hemos embargado S/ 13 millones en bienes al exgobernador regional de Piura y otros exfuncionarios de esa región. En el 2020 se vienen más acciones en otras regiones.

Como procurador ad hoc ¿recomendaría que el Estado no contrate a Odebrecht y prefiera a una empresa que no cometió ilícitos en nuestro país?

No me corresponde hacer ese tipo de recomendaciones. Sí puedo decir, teniendo en cuenta el espíritu de la Ley 30737 como política de Estado, que no es conveniente que matemos a las empresas que colaboran con la justicia. Si las quebramos, cómo nos van a seguir dando información y de donde nos van a pagar las reparaciones civiles? Si una empresa que delinquió se acoge a la colaboración y aporta información eficaz y oportuna, se compromete al pago de una reparación civil, aparta a los directivos que cometieron ilícitos y emprende estrictos programas anticorrupción, entonces debería tener la posibilidad de volver a postular y competir en las licitaciones con el Estado. Ahora es Odebrecht en el caso Lava Jato, pero mañana podrían ser otras empresas peruanas y extranjeras. A nivel internacional por ejemplo tenemos los casos Siemens y Volkswagen. Todo esto se debe complementar, por supuesto, con reformas en el sistema de contrataciones con el Estado y en el sistema de control, pero esto último está fuera de mi competencia.

El procurador Amado Enco dejó entrever que el dinero del fideicomiso corresponde a fondos públicos, según el MEF ¿esto es así?

Ese es un tema que el MEF ya aclaró con un informe técnico. El fideicomiso se alimenta con retenciones de dinero que pertenecen a la empresa. La plata que ingresó en un primer momento al fideicomiso de la Ley 30737 fue producto de la venta de Chaglla, un activo que era propiedad privada de Odebrecht. Ese dinero es privado. El MEF ha dicho que es dinero público una vez que la plata ingresa a una cuenta del Estado producto de una sentencia que ordena el pago de una reparación civil. Por ejemplo, los S/ 80 millones que ya se han pagado recién tienen calidad de dinero público porque están en una cuenta del Estado por mandato de una orden judicial. El abogado Enco ha confundido a la población y ha evidenciado un grave desconocimiento de temas elementales para este tipo de casos de corrupción, que son cómo funciona un fideicomiso y cómo funciona la Ley 30737 que crea la colaboración eficaz de empresas. Esta norma está a punto de cumplir 2 años de vigencia.

Inclusive Enco lo denunció y ahora usted es investigado en el Ministerio Público por el acuerdo firmado con la constructora ¿qué opina al respecto?

La denuncia justamente parte de este tipo de confusiones que le estoy explicando. Si ya se ha evidenciado estas gruesas fallas, imagínese cómo estará la denuncia. El texto de la denuncia evidencia un desconocimiento de cómo opera la Ley 30737 y abarca hechos que la misma sentencia del Poder Judicial que aprobó el acuerdo declara que son legales. Además, consideramos que está mal tipificada. Hasta ahora ningún abogado o académico serio que haya leído esa denuncia la ha respaldado.

¿No teme ir preso por esta denuncia?

Estamos tranquilos. No es la primera denuncia que recibo ni será la última. En el fondo el objetivo final no soy yo, sino el acuerdo con Odebrecht. Estoy preparando mi defensa y reuniendo toda la documentación pertinente para presentársela a la fiscal Bersabeth Revilla. El acuerdo ha sido aprobado judicialmente por el Poder Judicial y existe una sentencia que señala que todo ha sido legal. Es un acuerdo altamente complejo desde el punto de vista técnico-legal, por eso creemos que es una buena oportunidad para esclarecer todas las dudas que puedan existir.

¿Usted ve algún interés detrás de la denuncia del procurador Enco?

Desconozco las verdaderas motivaciones. Lo que si llama poderosamente la atención, y esto es algo objetivo, es que se haya opuesto con acciones concretas a la liberación del dinero, sabiendo que la ejecución del acuerdo y la continuidad de la colaboración de Odebrecht dependía de ello. Esto fue noticia pública en octubre cuando Odebrecht no tuvo para pagar a la empresa forense para que brinde la documentación que iba a respaldar la declaración de Barata. Todos sabemos que la empresa atraviesa por serios problemas económicos. Entonces, si te opones a la liberación del dinero, por lógica te estás oponiendo al acuerdo mismo. Cualquier abogado de experiencia sabe muy bien que tumbarse el acuerdo es tirarle un salvavidas a políticos, funcionarios y empresarios que hoy están siendo investigados.