Esta martes en la tarde, José Domingo Pérez denunció que debido a una disposición de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público le impidió ingresar a su oficina, no solo para retirar sus objetos personales, sino también para poder supervisar el inventarios de los expedientes y realizar el traspaso del cargo en su reemplazo. Esto ocurre luego de que dicha entidad le notificara sus suspensión por 6 meses del Equipo de Lava Jato.
Sobre ello, Pérez advirtió de que habría riesgo de que los documentos de su oficina sean “alterado”, como aquellos relacionados al caso Cócteles, donde se tenía que “firmar la acusación correspondiente”.
“Lo habitual sería que me permitieran hacer la entrega de cargo, el inventario […], pero a la persona que sea designada en mi reemplazo, porque las investigaciones y los expedientes tienen pruebas que son sensibles, tienen cuadernos reservados de procesos reservados, tienen pruebas materiales que yo tengo que entregar a una persona”, declaró a RPP.
“[Hay riesgo] que puedan comenzar a alterar la documentación que está en los expedientes [...] Es que ahora no hay quien jefature la oficina. Esto se notificó el día de ayer, ya al finalizar la jornada. No sabemos [o] por lo menos yo no sé quién es la persona que me está reemplazando. Espero que se hayan tomado las medidas necesarias para cautelar la seguridad de esa oficina”, sostuvo.
Fiscal Domingo Pérez suspendido por seis meses
El polémico fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, fue suspendido de sus funciones por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público por un periodo de seis meses.
La medida, de carácter preventiva, se enmarca dentro de un procedimiento disciplinario-administrativo que ha sido puesta en marcha desde ayer.
Específicamente, Pérez Gómez es imputado por su actuación, calificada de indebida, al haber incluido como investigado al abogado Arsenio Oré Guardia que, a la sazón, era defensa técnica de Keiko Fujimori en el “caso Cócteles”.
La resolución de la ANC señala que decidió aplicar la medida cautelar de apartamiento preventivo de Pérez Gómez en su actuación como Fiscal Provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales por espacio de seis meses.
En consecuencia, Pérez queda impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial. Y se dispone informar a la Junta Nacional de Justicia y a la Fiscalía de la Nación, entre otros.
HECHOS IMPUTADOS
Al fiscal se le atribuye haber incluido ilegalmente al abogado Oré Guardia como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia en una investigación que ya se venía conociendo con antelación.
En consecuencia, el fiscal “se convirtió en parte interesada en el proceso. Situación que le impedía actuar en él (...)”, precisa la resolución.
En su defensa, incorporada en el expediente, el fiscal Pérez argumentó que “se debe tener en cuenta que no se puede imputar una falta administrativa al perjudicado del hecho, ya que la potestad sancionadora de la administración está dirigida a quienes cometen infracciones y no a quienes resultan víctima o perjudicados de esas conductas”.
Si la defensa del fiscal Pérez no interpone recurso de apelación, la resolución quedará consentida.
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