Unas graves aseveraciones del exasesor Jaime Villanueva siguen sin ser resueltas por la justicia. Las imputaciones forman parte de un caso, también llamado “Cócteles”, que tiene a su cargo el juez Alcides Chinchay y que implican a los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba y al periodista Gustavo Gorriti.
La demora tiene más de cinco meses y ha motivado que Pérez presente una tutela de derechos, evaluada por el juez Juan Carlos Checkley, el pasado 3 de junio. “Yo soy el investigado del ‘Caso Cocteles’ del fiscal supremo Alcides Chinchay”, señaló Pérez en la audiencia con el fin de que se ordene la toma de sus descargos.
En la audiencia judicial surgió más de una interrogante tras conocerse que, casi seis meses después de terminar la fase preliminar del caso, Chinchay aún no decide sobre el futuro de la investigación; es decir, si continúa o no con ella mediante la formalización de la misma.
Pedidos y demoras
La investigación, iniciada en marzo del año pasado, les atribuye a Gorriti, Pérez y Vela, fiscal coordinador del equipo Lava Jato, el presunto delito de cohecho pasivo específico y otros.
La denominación del proceso como “Caso Cócteles”, a consideración de Chinchay, responde a las explosivas declaraciones de Jaime Villanueva que suscitaron el inicio de las diligencias.
Según el otrora asesor de la ahora exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, los fiscales realizaron presuntas coordinaciones irregulares para que sea Pérez quien investigue a Keiko Fujimori en una investigación, conocida en el plano político como “Caso Cócteles”, por presuntos aportes ilícitos.
Para ello, se realizaron “malabares” a fin de que Pérez no pierda un bono, una condición impuesta por él, según Villanueva. Gorriti, en tanto, habría “diseñado la estrategia” fiscal y “el que decía a quienes tenían que interrogar”. Es decir, personajes ajenos al caso direccionaron la investigación, de acuerdo al testimonio.
“Han transcurrido más de cinco meses y seguimos esperando, los investigados, el pronunciamiento del fiscal Chinchay: o archiva o va a pedir que se nos formalice la investigación preparatoria”, reclamó Domingo Pérez en la audiencia del martes 3 ante el juez Checkley.
Aseguró, además, que esta demora “hubiera significado un proceso disciplinario por falta grave” a Alcides Chinchay, según la Ley de Carrera Fiscal, e incluso “el apartamiento del cargo”.
Ciertamente, para la penalista Romy Chang, si bien no hay un plazo que defina cuando debe presentarse la formalización, al término de la investigación preliminar, “lo cierto es que se busca, usualmente, que las decisiones se den lo más rápido posible y que no se tenga a gente investigada por mucho tiempo”.
“Se busca ello, sobre todo, si se trata de fiscales (bajo investigación), porque eso afecta la forma en la que vienes tramitando la investigación. No es recomendable (…), pero el sistema de justicia está sobrecargado y es usual", señal
Chang descartó, además, que se le pueda abrir un procedimiento disciplinario a Chinchay por esta demora. “Eso es algo muy jalado de los pelos (…). Me parece que todo esto forma parte de una estrategia, es muy probable que Chinchay formalice la investigación. (...) El fiscal está buscando generar todas las nulidades y cuestionamientos posibles”, aseveró sobre Pérez.
Palabra de asesor
Villanueva tiene un largo historial como trabajador del MP. Su última labor al interior de la entidad fue la de asesor de Patricia Benavides. En noviembre de 2023, se allanó su vivienda, junto a la de otros asesores, tras considerarlo parte de una presunta organización criminal encabezada por Benavides Vargas. Desde entonces, sus declaraciones, tanto en sede fiscal como a la prensa, han puesto en jaque a más de un funcionario público.
El 24 y 30 de enero del 2024, declaró a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Por este testimonio, ostenta en distintos procesos las condiciones de aspirante a colaborador eficaz y testigo. Esta última, en el caso de los fiscales Vela y Pérez, y Gorriti.
“Vino José Domingo, lo entrevisté y conversé con él. Le pregunté si estaría dispuesto (a asumir la conducción del Caso Cócteles) y me contestó que sí. Con eso fui y le propuse a Pablo (Sánchez). Me dijo que sí, que Vela lo proponga porque tenía que ser del (área de) Lavado (de Activos). Hablé con Vela y él lo propuso, pero José Domingo había puesto como condición para ir a Lavado, no perder su bono como fiscal anticorrupción”, narró.
Posteriormente, detalló: “Tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono. Se quedó en que él se iba a Lavado, pero se llevaba un par de casos de corrupción, entre ellos, el Caso Chincheros (contra Martín Vizcarra, hoy archivado), para que pueda cobrarlo. No sé cómo se armó la figura administrativa, pero con eso ya le pagaban su bono y él se hizo cargo del Caso Cócteles”.
También aseguró que fue él quien puso en contacto a Pérez Gómez y a Gustavo Gorriti. “Ya expliqué la relación con Gustavo que era, un poco, el que dirigía la investigación (por el Caso Cócteles)”, puntualizó.
Todo inició en el año 2017, según el exasesor, cuando el fiscal “toma la investigación” a Fujimori. “Lo presenté con Gustavo Gorriti. De hecho, fuimos en dos o tres oportunidades a IDL (…) Y una vez en la casa de Gustavo (…) Ahí Gustavo era, básicamente, el que diseñaba la estrategia de investigación, él era el que les decía a quienes tenían que interrogar, preguntar, donde conseguir la información. Estamos hablando de fines de 2017 e inicios de 2018”, manifestó.
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En espera
El Poder Judicial aún debe definir la solicitud de Domingo Pérez, quien asegura que la Fiscalía Suprema se niega a escucharlo. En concreto, pide que solo sea Chinchay quien recoja sus declaraciones y que, previo a agendarse la audiencia, se le notifique con tres días de antelación.
En respuesta, en la audiencia del martes 3, el fiscal Jaime Velázquez expuso la siguiente cronología: la diligencia solicitada se programó para el 27 de mayo, sin embargo, Pérez se negó a testimoniar porque un fiscal de menor jerarquía, y no Chinchay, le iba a tomar su declaración. “El investigado no solicitó ello, de forma expresa, como sí lo hicieron Rafael Vela y Gustavo Gorriti”, acotó.
Posteriormente, se reprogramó la audiencia para el 29 de mayo, cita a la que tampoco asistió el investigado por tener una diligencia a su cargo. “No se nos alcanzó un cronograma con la fecha de sus audiencias”, agregó Velásquez. Finalmente, se programó la toma de declaración para el 3 de junio, media hora antes de la audiencia acordada, a las 9:00 a.m., con el juez Checkley.
Sobre ello, Chang precisa que “no necesariamente el fiscal supremo sería quien esté, en obligación”, de tomar las declaraciones.
“Él tiene una serie de cargas (…). Es llamativo porque cuando José Domingo Pérez hace investigaciones, él no suele tomar las declaraciones. La ley dice que un fiscal, sino es el titular, por lo menos un adjunto, deba ser quien recoja las declaraciones”, apuntó.
