Luego que la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil decidió suspender su cooperación jurídica internacional con Perú en los casos vinculados al caso Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez alertó sobre un ataque sistemático al proceso de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa Novonor (antes Odebrecht).
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El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, lamentó que los ataques sistemáticos se dan no solo a nivel internacional, sino nacional.
Indicó en RPP que esperarán la comunicación formal de las autoridades brasileñas, e insistió en que la paralización de la cooperación judicial internacional no solo obedece a los recientes cuestionamientos de las autoridades brasileñas, sino también a un “sistemático ataque” al proceso de colaboración eficaz dentro del propio Perú.
El miembro del Equipo Especial Lava Jato recordó que el Congreso aprobó la conformación de una comisión multipartidaria encargada de investigar todos los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, así como los posibles efectos lesivos para el Estado peruano.
Entre los cuestionamientos del Congreso se encuentra la presunta concesión de exención de pena no solo a la persona jurídica Odebrecht, sino también a sus funcionarios y empresas vinculadas, así como la obligación de la empresa de colaborar con información relevante para la justicia peruana.
Domingo Pérez defendió la validez y el uso de las pruebas obtenidas legalmente en el marco del acuerdo, señalando que muchas de ellas ya han derivado en sentencias condenatorias. “Desde el Ministerio Público estamos haciendo todos los esfuerzos para defender la prueba que ya se encuentra en el país, que ha sido presentada a los jueces, que han dictado diversas sentencias condenatorias y en aquellos casos en los cuales ya se han presentado acusaciones y estamos a la espera del juzgamiento”, afirmó.
El acuerdo de colaboración eficaz, firmado el 15 de febrero de 2019, permitió a Odebrecht entregar información sobre pagos ilícitos y mecanismos de corrupción, así como establecer un proceso de colaboración progresiva y continua. A cambio, la empresa asumió obligaciones de reparación civil y colaboración con la justicia, mientras el Estado peruano recuperó casi 300 millones de soles en cinco años.
Brasil
Según informó el diario O Globo la decisión de la justicia brasileña fue tomada luego de que las autoridades peruanas utilizaran pruebas declaradas inválidas por el Supremo Tribunal Federal (STF), en 2023.
Se precisa que la medida de la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil obedece a la “utilización”, por parte de las autoridades peruanas, “de pruebas que fueron invalidadas por la justicia brasileña o que habrían sido empleadas en contextos distintos a los autorizados”.
Cabe precisar que las suspensiones de la cooperación internacional se produjeron a solicitud de Novonor (Odebrecht), que argumentó que las autoridades de Perú no respetaron las restricciones sobre el uso de pruebas, establecidas en los acuerdos firmados con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Legal Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia.
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