Este lunes 5 de mayo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público declaró fundado la apelación de José Domingo Pérez y anuló su suspensión preventiva como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales para los casos Odebrecht y Lava Jato.
Como se sabe, el fiscal fue apartado por seis meses del cargo el pasado 7 de abril, debido a una afectación a su idoneidad para permanecer en el cargo, ya que “actuó en un proceso a sabiendas que se encontraba impedido de hacerlo”. No obstante, Pérez presentó a los pocos días, una apelación para que dicha medida sea revertida.
A partir de este martes, José Domingo Pérez podrá retomar sus labores en la Fiscalía y continuar a cargo de las investigaciones que se le siguen a Susana Villarán.
Fiscal Domingo Pérez suspendido por seis meses
El polémico fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, fue suspendido de sus funciones por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público por un periodo de seis meses.
La medida, de carácter preventiva, se enmarca dentro de un procedimiento disciplinario-administrativo que ha sido puesta en marcha desde ayer.
Específicamente, Pérez Gómez es imputado por su actuación, calificada de indebida, al haber incluido como investigado al abogado Arsenio Oré Guardia que, a la sazón, era defensa técnica de Keiko Fujimori en el “caso Cócteles”.
La resolución de la ANC señala que decidió aplicar la medida cautelar de apartamiento preventivo de Pérez Gómez en su actuación como Fiscal Provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales por espacio de seis meses.
En consecuencia, Pérez queda impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal provincial. Y se dispone informar a la Junta Nacional de Justicia y a la Fiscalía de la Nación, entre otros.
HECHOS IMPUTADOS
Al fiscal se le atribuye haber incluido ilegalmente al abogado Oré Guardia como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia en una investigación que ya se venía conociendo con antelación.
En consecuencia, el fiscal “se convirtió en parte interesada en el proceso. Situación que le impedía actuar en él (...)”, precisa la resolución.
En su defensa, incorporada en el expediente, el fiscal Pérez argumentó que “se debe tener en cuenta que no se puede imputar una falta administrativa al perjudicado del hecho, ya que la potestad sancionadora de la administración está dirigida a quienes cometen infracciones y no a quienes resultan víctima o perjudicados de esas conductas”.
Si la defensa del fiscal Pérez no interpone recurso de apelación, la resolución quedará consentida.
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