En suspenso han quedado el uso de las declaraciones de José Miguel Castro, exhombre fuerte de la gestión de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, en el juicio oral por presunto lavado de activos y otros que protagoniza la exburgomaestre.
Castro, quien apareció muerto domingo 29 de junio, llevaba cinco años bajo la condición de aspirante a colaborador eficaz: aceptó la comisión de actos ilícitos, al interior de la Municipalidad de Lima (MML), y buscaba negociar beneficios con la Fiscalía. Era un hombre clave.
Pieza clave
“Esperábamos su valioso aporte”, lamentó el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, en diálogo con Canal N el día que se reportó el deceso.
José Miguel Castro, exgerente municipal, fue un personaje de entera confianza para la exalcaldesa de Lima. Así, tuvo un rol clave al interior de la presunta organización delictiva que habría tenido a Villarán a la cabeza. Fue el exfuncionario quien sostuvo más de una reunión o comunicación para solicitar dinero y fue, también, el encargado de distribuirlo, en más de una oportunidad, según la tesis fiscal.
“El señor Leo Pinheiro (expresidente de de la constructora OAS) me buscó para tener una cena en el Hotel Westin (…). En esa cena, que ha debido ocurrir aproximadamente en el mes de setiembre de 2014, el señor Pinheiro, delante de todos y mío, también se comprometió a apoyar la campaña de reelección de la alcaldesa Susana Villarán; cosa que había hecho 16 meses antes para apoyar la campaña de la ‘No revocatoria’ (...). Se comprometió en aportar tres o cuatro millones de dólares”, indicó Castro en su condición de imputado.
Demoras
Pese a la trascendencia del papel desempeñado por Castro Gutiérrez, la Fiscalía mantuvo en vilo, por cinco años, el cierre del acuerdo de su colaboración eficaz.
La cronología es la siguiente: la investigación preliminar por los presuntos pagos ilícitos (11 millones de dólares) para las campañas de la ‘No revocatoria’ y la Reelección de Villarán de la Puente, que alcanzó a Castro y otros, se inició en 2017.
Dos años después, el exgerente municipal ya estaba listo para prestar su testimonio aceptando los cargos. Sin embargo, no fue hasta junio de 2020 cuando se conoció, tras la filtración de un oficio del fiscal Rafael Vela (coordinador del Equipo Especial Lava Jato), que ya figuraba como aspirante a colaborador eficaz.
En la carpeta fiscal figuran declaraciones del extrabajador edil en su condición de imputado —estaba a la espera de comparecer en el juicio oral como acusado— y como aspirante. Sus declaraciones, en esta última categoría, revestían de trascendencia al proceso de acuerdo al propio fiscal José Domingo Pérez, quien reconoció a la prensa que dicha declaración era un “valioso aporte”.
Pese a esta importancia, la espera se hizo eterna y el acuerdo de colaboración de Castro nunca se materializó; es decir, no concluyó con la homologación respectiva en el Poder Judicial (PJ). Ahora, la Fiscalía se juega como última carta, para no perder dichas testimoniales, solicitar a los jueces la incorporación de las declaraciones en condición de prueba nueva.
Los magistrados a cargo del juicio oral, que se iniciará el 23 de septiembre, son Nayko Coronado Salazar, Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe. Los dos primeros formaron parte de la sala que condujo el juicio por el Caso Cócteles, también a cargo de Pérez, y que regresó a fase previa tras un fallo vinculante del Tribunal Constitucional (TC) —Coronado votó en contra y Vengoa a favor—.
Lo lapidan
En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión consideró que “es mucho tiempo, el transcurrido en el caso de José Miguel Castro, para que un procedimiento de colaboración salga adelante”.
“La responsabilidad exclusiva y excluyente es del fiscal a cargo de llevar el acuerdo de colaboración. El fiscal tuvo que decir: ‘A ver, aspirante a colaborador, dame la información y los hechos que puedes corroborar y vamos trabajando’. Y si no se puede, pues simplemente no lo declara colaborador y punto, enfrentará la acusación como imputado; de hecho, fue acusado, pero ahora la causa penal se extingue por deceso”, indicó Carrión.
“Me sorprende que incluso el fiscal diga que se el caso se verá afectado. Entonces, si me preguntan por un responsable, es exclusivamente José Domingo Pérez”, agregó.
En ese sentido, remarcó “que toda la información que pudo haber brindado Castro, en el procedimiento de aspirante a colaborador, no va a poder ser incluido en el juicio de ninguna manera”.
“(Lo que ha ofrecido, en el marco de dicho proceso), son elementos reservados, donde nunca participan los abogados ni la defensa”, señaló en relación a la falta de homologación judicial.
Una postura similar tuvo el también penalista Benji Espinoza. “Estamos hablando de una demora que provendría del 2019. Sean cinco o seis años, más de dos años ya es un tiempo absolutamente irrazonable y prolongado. Por eso es que se reformó la ley”, afirmó a este Diario.
El abogado consideró que “el Ministerio Público, como institución, ha demorado demasiado”. Y puntualizó: “La consecuencia es que como no se cerró la colaboración, todas las declaraciones que se han dado se tienen como inexistentes: todo lo que haya podido declarar, es como si no lo hubiera declarado. Esa es la consecuencia práctica”.
Espinoza, por otro lado, afirmó que “solo se pierden las declaraciones y se preservan, para el proceso de juicio oral, las pruebas o evidencias físicas que haya podido corroborar para corroborar su versión”.
También consideró que la Fiscalía tiene “como una práctica generalizada, común y penosa” la dilación de los acuerdos de colaboración eficaz.
“Como vemos en este caso, se genera impunidad porque cuando la Fiscalía no hace bien su trabajo, no actúa con diligencia y con desidia, lo que se genera es que se pierden pruebas valiosas para el proceso.
Sobre este último punto, Carrión Zenteno acotó que “el Equipo Especial (Lava Jato) ha dado muchas facilidades a aquellos que se sometían al procedimiento de colaboración eficaz”.
“Uno de los ejemplos más palmarios es el de la propia empresa Odebrecht, quien ante cualquier tipo de información que salía aquí o en el extranjero decían: ‘Me olvidé de brindarte esta información’. Y lo que hacía Rafael Vela es decir: ‘Bueno, vengan otra vez para seguir colaborando’. Se dosificó la información de acuerdo a sus propios intereses”, apuntó.
