Cuando José Tello ejerció como ministro de Justicia, tuvo la posibilidad de reunirse con los representantes del Ministerio Público (MP), el Poder Judicial (PJ), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entre otras instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia.
En aquella ocasión pudo confirmar que las entidades necesitan mayor presupuesto para ejercer sus labores.
Precisamente, considera que ese es uno de los elementos que el Gobierno de Dina Boluarte debe tomar en cuenta antes de analizar la posibilidad de aplicar la pena de muerte para los violadores sexuales de menores de edad.
¿Qué se debe tener en cuenta al evaluar la posibilidad de aplicar la pena de muerte para violadores sexuales de menores de edad en el Perú?
Con relación a la pena de muerte hay que tener en cuenta tres aspectos claves: Primero, si contamos con una licencia social de la medida, es decir, si la población está de acuerdo o no con la medida; segundo, si el Poder Judicial y el Ministerio Público están verdaderamente preparados para tratar casos penales donde se pueda sentenciar con la pena de muerte a una persona; y, tercero, si hay voluntad política sostenida a lo largo de varios gobiernos para denunciar parcialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual el Perú está adherido, y proceder con la reforma constitucional y legal correspondiente.
¿La ciudadanía está de acuerdo con aplicar esta medida?
A lo largo del tiempo, la opinión pública ha mostrado un respaldo mayoritario a la pena de muerte en casos de delitos considerados execrables, como la violación de menores. Esto se evidencia en encuestas de Ipsos realizadas en 2007 y 2018, donde un 81% y 87% de los encuestados, respectivamente, manifestaron estar de acuerdo con la aplicación de esta sanción en dichos casos.
¿El sistema de justicia que tiene el Perú está preparado para aplicar la pena de muerte?
Si vamos al tema de la capacidad del Ministerio Público y del Poder Judicial para resolver casos en donde se impondría la pena muerte, pues la situación resulta muy complicada. No existe una adecuada inversión por parte del Estado en materia de Sistema de Justicia especialmente con ambas entidades, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
¿En qué aspectos?
Por ejemplo, el Ministerio Público necesita para cerrar brechas de operatividad 15,248 millones de soles y solo ha recibido para el Año Fiscal 2025 un total de 2921 millones de soles. Está falta de recursos se advierte, por ejemplo, cuando existe una demanda de 1002 peritos a nivel nacional y solo se cuenta con 219 que tienen que compartir una sola camioneta y 4 computadoras especializadas en análisis digital forense.
En ese orden, tenemos que la provisionalidad de jueces y fiscales también es otro problema serio por la enorme incidencia de casos de corrupción que se presentan justamente por la temporalidad del ejercicio del cargo a diferencia de un magistrado de carrera. El 2021 una publicación de PROCOMPITE señalaba que el 53% de los fiscales eran provisionales. En el año 2022 un 57% de jueces especializados, por ejemplo, en materia penal eran provisionales según esta misma fuente.
Entonces, ¿no estamos preparados?
A la luz de lo ante expuesto, considero que nuestro Ministerio Público y Poder Judicial no cuentan con los recursos necesarios para poder garantizar un adecuado tratamiento de los procesos penales que podrían terminar en sentencias de pena de muerte.
En ese sentido, debemos medir nuestras capacidades reales como Estado para saber si estamos preparados para aplicar o no la pena de muerte en nuestro país. No caigamos en narrativas políticas muchas veces cargadas de populismo y no de tecnicismo cuando abordamos este tema especialmente ahora que viene la etapa electoral. Lo real es que desde el inicio de la República todos los gobiernos sin excepción están en deuda con el fortalecimiento del Sistema de Justicia que nos daría, finalmente, esa tan ansiada seguridad jurídica que necesitamos para nuestro real desarrollo y crecimiento socioeconómico.
¿Cuál es el procedimiento para que en Perú se pueda aplicar la pena de muerte en casos de violación sexual a menores de edad?
La reforma normativa que tendríamos que hacer para aplicar la pena de muerte en nuestro país, parte por denunciar parcialmente a la Convención Americana sobre DDHH en el punto donde se proscribe la pena de muerte. Posteriormente, reformar nuestra Constitución Política, para finalmente modificar otras normas de inferior jerarquía como el Código Penal. Este proceso no es de un día para otro, sino que toma en promedio 3 o más años, por lo que podría iniciarse en un gobierno y terminarse en otro .
¿La propuesta del Gobierno de Dina Boluarte es viable?
La viabilidad de una reforma de esta magnitud dependería de un consenso político solido, que a mi entender debe partir de una evaluación realista de nuestras capacidades institucionales.
