(Foto: Congreso)
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El Poder Judicial (PJ) dictó impedimento de salida del país, por el plazo de 18 meses, para el exministro del Interior Juan José Santiváñez. El actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias agravado.

La restricción fue emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que para esta causa estuvo presidida por el juez supremo titular Manuel Luján Túpez, por impedimento de su colega César San Martín.

Factor TC

La instancia revocó la resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley, en primera instancia, de marzo de este año.

En la audiencia con dicho magistrado, desarrollada a mediados del citado mes, el fiscal Luis Alberto Ballón narró las declaraciones de dos testigos protegidos. Estos sostuvieron que Santiváñez afirmó, en 2024, contar con “influencias” en el Tribunal Constitucional (TC).

Santiváñez habría utilizado dicho poder en calidad de abogado y, eventualmente, en su condición de ministro en beneficio de sus patrocinados Miguel Joel Marcelo Salirrosas y Éber Riquelme Juárez Moya en recursos ante el TC.

“(Se tienen) más de mil mensajes de Whatsapp, 77 archivos de audios, 34 imágenes y archivos de PDF” que evidenciarían dicho accionar, afirmó la Fiscalía en la citada audiencia.

Agregó que Santiváñez habría asegurado a uno de los testigos, en relación al caso de Marcelo Salirrosas, que “existía un pago pendiente de aproximadamente 20 mil soles” por sus honorarios. Posterior a ello, sin embargo, le habría solicitado 20 mil dólares para “asesores externos”.

“Los testigos protegidos (...) precisaron que estos supuestos pagos, en realidad, eran para los magistrados del TC que resolverían la demanda de agravio constitucional de Marcelo Salirrosas”, se esgrimió.

Se burla

Poco después de conocerse la decisión de la sala, el exministro usó sus redes sociales para pronunciarse. “Pucha, me perderé el mundial y mis conciertos”, indicó vía X.

Mientras tanto, el Poder Judicial (PJ) destacó, mediante la misma plataforma, que “los elementos probatorios, presentados y valorados, permiten evidenciar que sí existe peligro de que Santiváñez pueda rehuir a la acción de la justicia”.

La Fiscalía advirtió en audiencia que el estudio jurídico del investigado tiene locales en Chile y México. “(El imputado) cuenta con un departamento en Miami (Estados Unidos), hecho que fue informado por el testigo protegido y que se condice con su movimiento migratorio”, resaltó.