Santiváñez cuestionó la falta de fundamentos en la acusación presentada por Delia Espinoza y advirtió que este tipo de decisiones debilitan el sistema democrático.
Santiváñez cuestionó la falta de fundamentos en la acusación presentada por Delia Espinoza y advirtió que este tipo de decisiones debilitan el sistema democrático.

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, rechazó la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En declaraciones a TVPerú, señaló que el documento carece de fundamentos y que este tipo de acciones afectan al Estado de derecho.

Santiváñez remarcó que en los considerandos de la denuncia se reconoce que no existen pruebas que lo vinculen con la comisión de un delito.

“Es penoso que una fiscal, siendo la fiscal de la Nación, muestre una carencia de conocimientos jurídicos y de fortaleza intelectual para poder decir que se acuse a una persona a pesar de no tener evidencias, solo bajo una presunción”, afirmó.

Luego continuó con: “si esto se normaliza, tendríamos a fiscales denunciando a cualquier persona únicamente por sospechas. Eso es grave y debilita el sistema democrático”, sostuvo.

Fiscal de la Nación denuncia constitucionalmente a Juan José Santiváñez por presunto delito de negociación incompatible

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia fue dirigida al presidente del Congreso, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y el reglamento parlamentario.

Según el documento oficial, Espinoza acusa a Santiváñez de haber incurrido en actos que comprometen la imparcialidad y legalidad en el ejercicio de su función como ministro del Interior, en perjuicio del Estado. El ilícito penal se encuentra tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La acción de la fiscalía se sustenta en el artículo 99 de la Constitución Política, la Ley N.° 27399, el numeral 1 del artículo 450 del Código Procesal Penal y el artículo 89 del reglamento del Congreso. En el petitorio del documento, se precisa que la denuncia corresponde a un delito contra la administración pública.

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