El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, enfrenta una nueva investigación fiscal que lo señala como el líder de una presunta organización criminal creada desde que asumió el Ministerio del Interior en mayo de 2024.
De acuerdo a Canal N, la Fiscalía lo vincula con maniobras ilegales, utilizando intermediarios como Marco Palacios para presuntamente ocultar comunicaciones con el abogado Percy Tenorio, uno de sus operadores más cercanos.
Las investigaciones abarcan cuatro hechos principales: el presunto favorecimiento ilícito en la contratación de defensores para cinco generales de la Policía Nacional, con pagos de S/ 200 mil por defensa, adaptando los términos de referencia al perfil de Tenorio; también supuestos cobros de 20 mil dólares para asegurar la permanencia de oficiales en cargos clave;.
Asimismo, un operativo manipulado a favor del empresario Franco Parodi para recuperar la mina El Dorado, con presuntos sobornos que suman 160 mil dólares; y la solicitud para que la mina contrate como consultor a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, supuetamente con la intención de otorgarle arraigo laboral y evitar prisión preventiva.
Además, Percuy Tenorio habría custodiado documentos y bienes personales de Juan Santiváñez que podrían comprometerlo en otras causas.
A pesar de ocupar actualmente el cargo de ministro de Justicia, Santiváñez está bajo la lupa de la Fiscalía por estas investigaciones que apuntan a una red criminal interna en el Estado con él como cabecilla, supuesta presuntamente dedicada al tráfico de influencias, manipulación de procesos y otros actos ilegales.
Esta red también incluye altos mandos policiales y funcionarios públicos, con implicaciones directas a la familia presidencial y empresarios vinculados, según a Fiscalía.
El Ministerio Público ha realizado allanamientos a viviendas y oficinas de los implicados, incluyendo la de Nicanor Boluarte.
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