La Junta de Fiscales Supremos cuestionó al Poder Ejecutivo luego de promulgar la Ley 32326, que modifica la normativa sobre extinción de dominio.
De acuerdo con el pronunciamiento de este lunes 12 de mayo, la nueva ley afecta gravemente los avances que se obtuvieron en la recuperación de activos ilícitos, al exigir una sentencia firme y consentida para iniciar el proceso y así establecer un plazo de cinco años, cuando anteriormente era indefinido.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que dicha norma fue aprobada sin tomar en consideración las observaciones del Ministerio Público ni las recomendaciones técnicas de expertos e instituciones especializadas.
“Con esta modificación, el Estado deberá esperar largos procesos judiciales antes de intervenir bienes obtenidos ilícitamente”, aseguró.
Asimismo, la fiscal indicó que esta nueva ley contradice compromisos internacionales asumidos por el Perú, como por ejemplo, las convenciones de Palermo y Mérida, al igual que los lineamientos de Naciones Unidas en materia de lucha contra el crimen organizado.
“Esto representa un retroceso a nivel global en materia de recuperación de activos ilícitos”, manifestó Espinoza.
TE PUEDE INTERESAR
- Gustavo Adrianzén: Premier se victimiza en medio de eventual censura
- Gasto en alimentos creció 10% en Palacio de Gobierno
- Huancayo: recuperan camioneta SUV de 120 mil soles
- Colombia confirma que alias ‘Cuchillo’ ingresó a su territorio sin orden de captura
- ADT vs. Juan Pablo II: empate con sabor a derrota
