Jurista y constitucionalista Aníbal Quiroga León cuestiona severamente el poder excesivo que la actual ley de Extinción de Dominio concede, a su juicio, a fiscales y jueces.
Jurista y constitucionalista Aníbal Quiroga León cuestiona severamente el poder excesivo que la actual ley de Extinción de Dominio concede, a su juicio, a fiscales y jueces.

La figura penal de Extinción de Dominio en el Perú es utilizada con exceso y abuso. Le otorga a la Fiscalía y al Poder Judicial la prerrogativa de quitarle la propiedad a una persona sin haber establecido su responsabilidad penal, es la opinión rotunda del jurista y analista de temas jurídicos, Aníbal Quiroga León.

Como jurista y constitucionalista, ¿cuál es su valoración de la actual ley de extinción de dominio?

Es una institución poderosa y eficiente en la lucha contra la criminalidad organizada. Pero eso tiene un elemento lógico esencial. Y es que los actos bajo investigación son determinadas como criminales y eso se hace mediante una sentencia judicial.

Hay dos principios fundamentales que están en la Constitución. El primero es el respeto a la propiedad, artículo 70 de la Constitución. Dice: la propiedad es inviolable; nadie puede ser privada de ella salvo por expropiación. Y el segundo es la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con la ley de extinción de dominio lo que ocurre es que a la Fiscalía y al Poder Judicial se les ha dado un poder por encima de la Constitución.

Independientemente que una persona sea culpable o no, penalmente, ellos (fiscales y jueces ) deciden extinguirle la propiedad a un acusado. Entonces, así como ha pasado con la detención provisional, se empiezan a generar abusos. Hay numerosos ejemplos y casos.

A una persona que no está acreditada como un delincuente ¿cómo le puedes extinguir la propiedad? ¿Qué es primero, el buey o la carreta?

¿Qué casos específicos se le vienen a la mente?

Es el caso del presidente Kuczynski que no ha sido condenado; es el caso del expresidente Humala que no ha sido condenado. Entonces, ¿cómo, si no uno no es condenado y encontrado culpable de un delito, cómo puede pueden determinar que sus bienes son producto del delito? Hay una falta de lógica y consecuencia absoluta (...) hay una actividad absolutamente arbitraria y casi casi inquisitorial.

¿Considera que este proyecto de ley presentado por un congresista de Perú Libre, y pendiente de segunda votación, va a mejorar la ley vigente?

El detalle no lo sé. Yo creo que el error está en hacer una institución (figura penal) autónoma del delito. Ellos mismos (Fiscalía y Poder Judicial) dicen que sirve para quitarle la propiedad a los delincuentes, pero como es autónomo igual te quito la propiedad si eres culpable o no. No tiene sentido. Terminan quitándole la propiedad a una persona inocente, que no es delincuente, y esa es una confiscación que está fuera de la Constitución.

El Poder Judicial declara que este proyecto desvirtúa la ley vigente, que es una herramienta eficaz para lucha contra la criminalidad organizada.

Ya, pero ellos mismos se contradicen. Si es un elemento esencial contra la criminalidad, primero tienes que demostrar que es un criminal. No es posible que a gente que no es criminal le extingan la propiedad. El gran poder que esa ley le da a los jueces y fiscales: determinan con su dedito a quién le quitan su propiedad, independientemente, si es penalmente responsable o no.

Se afirma que con los cambios a la norma actual el Perú incumpliría convenios internacionales que la acreditan como país confiable para las inversiones.

No es verdad porque ningún convenio o tratado permite pasar por encima de la presunción de inocencia. Es una alegación exagerada que se sale del fondo del tema.

El proyecto propone recortar a 5 años la prescripción del delito. En la norma vigente es imprescriptible.

Los plazos en el derecho son siempre arbitrarios. A mí me parece que cinco años son suficientes para acreditar el delito. No puede ser que se pasen 10, 20 o 30 años para que haya una sentencia(...) Los fiscales quieren tener todo el tiempo para quitarle a una persona su propiedad.