En su condición de jurista y analista político, el doctor Enrique Ghersi estima que la crisis política que padecemos desde el 2017 repercute sobre las instituciones de justicia. A su juicio, es el Tribunal Constitucional la llamada a dirimir el conflicto actual entre el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.
En el actual contexto de crisis política, nuestras instituciones de justicia parecen haber empobrecido su independencia y la imparcialidad que se espera de ellas, ¿qué ideas tiene al respecto?
Mire. Es innegable que hay un conflicto de poderes en este momento. Hemos visto un enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Congreso, por ejemplo. Más recientemente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Un tema bastante novedoso y llamativo porque, normalmente, estas instituciones están llamadas a trabajar juntas, pero el conflicto es evidente.
Además, hemos visto cómo La Junta Nacional de Justicia (JNJ) le ha abierto un procedimiento de investigación penal a un grupo de magistrados de la Corte Suprema.
¿Quién debería poner orden?
El llamado a pacificar este conflicto es el Tribunal Constitucional. Ha habido un fallo muy reciente, que es del día viernes, donde el TC ha establecido, por ejemplo, que no existen los procedimientos disciplinarios inmediatos como los que se utilizaron en la JNJ para promover sanciones contra magistrados de la Corte Suprema. De hecho, el TC ha repuesto al magistrado Aldo Figueroa.
Entonces, lo que tiene que suceder es que el Tribunal Constitucional, como en todo sistema democrático, es el llamado a establecer cuáles son las reglas para que convivan pacíficamente estas instituciones (...) Porque el conflicto -es evidente- es un conflicto político, legal, y una diferencia de opiniones.
El enfrentamiento entre el Congreso y la Fiscalía tiene mucho tiempo y diversos temas.
Es muy claro que hay un conflicto que es complejo porque el Congreso de la República es elegido por el voto popular, y el Ministerio Público y el Poder Judicial, no. Entonces, hay diferencias de opinión respecto de lo que piensa el Congreso y las instituciones que son responsables del monopolio del aparato coercitivo del Estado que son el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero no olvidemos que este tipo de conflictos existen en todas partes. No solo en el Perú.
Es muy común en una democracia que haya conflictos porque hay diferentes puntos de vista. Entonces, el Tribunal Constitucional es el llamado a pacificar el conflicto.
(...) El Tribunal Constitucional tendrá que dirimir cómo y hasta cuándo se investiga a un presidente, los conflictos competenciales, la constitucionalidad de las distintas leyes que han sido aprobadas en el Congreso. Ojalá el TC lo haga lo más rápido posible. Es indispensable para la democracia.
¿Es normal, a su juicio, que los asuntos jurídicos se mezclen frecuentemente con temas políticos, o hay una acentuación en esta coyuntura?
El Perú está en una crisis política que tiene consecuencias jurídicas. Es natural que haya repercusiones en el ámbito de los tribunales. No nos olvidemos que desde el 2017 hemos tenido seis presidentes que han pasado por el Gobierno. Está muy claro que hay una crisis política. Esa crisis se deriva, en mi concepto, de un diseño equivocado del capítulo político de nuestra Constitución, que requiere una serie de revisiones.
La estructura del Estado, tal como está planteado en la Constitución es proclive a la crisis política. Me explico: en nuestro sistema político, los presidentes son elegidos en segunda vuelta. Pero el Congreso es elegido en primera. Entonces, tenemos una tendencia a tener un Congreso fraccionado donde el presidente no tiene mayoría. Tenemos una crisis política desde el 2017. Con PPK,Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte. Eso no es normal. Eso, lo que revela, es un problema institucional, un problema de diseño constitucional. Soy de los que creen que la Constitución del 93 triunfó en materia económica (...). Sin embargo, el capítulo político no ha tenido el mismo éxito.
En otro tema ¿qué solidez le otorga a la denuncia contra Boluarte en la Corte Penal Internacional?
Está claramente establecido que no cualquier persona puede presentar una denuncia en la Corte Penal Internacional. Entonces, este es un documento privado enviado por un grupo de ciudadanos que es, simplemente, una opinión. No es una denuncia. Si la Fiscalía de la Corte Penal la acogiera, si fuera presentada formalmente por algún Estado como es el caso de Sudáfrica contra el Estado de Israel, le darían trámite. Pero siendo un documento privado, técnicamente no estamos frente a una denuncia. Por supuesto, le corresponderá a la Fiscalía de la Corte determinar qué hace con este informe, pero, técnicamente, no es una denuncia.
La Fiscalía de la Nación archivó la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la nación Pablo Sánchez que, en 2018, ordenó a un fiscal suspender una diligencia después de recibir una llamada del periodista Gustavo Gorriti en el caso “Cuellos Blancos”; ¿cuál es su impresión general?
Mi impresión personal es que la Fiscalía actúa con un rigor diferenciado según los casos. Y eso no está bien. La Fiscalía es muy dura, draconiana, en algunos temas. Y resulta que en este caso, tratándose de un fiscal supremo en funciones, lo tratan con mano blanda. Estoy seguro que si no hubiera sido el doctor Pablo Sánchez sino cualquier otro funcionario público lo hubieran tratado con mucha más dureza.
No me parece correcto que la Fiscalía tenga distintos estándares para medir a distintas personas. Sí creo en una Fiscalía rigurosa y dura, y que la ley sea igual para todos. En este caso, el archivamiento que ha favorecido al doctor Sánchez nos revela que en el Perú la ley es casi igual para todos, que es más igual para unos que para otros. (...)
Es importante que los estándares sean iguales. Todos los ciudadanos deben ser tratados iguales. Es llamativo que se envíe al archivo este caso que beneficiado a un exfiscal de la nación.
