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El 30 de setiembre de 2019 se generó una crisis política en el Perú luego de que el presidente Martín Vizcarra cerrara el Congreso, tras considerar negada una cuestión de confianza que presentó sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), proceso que está a cargo del Poder Legislativo.
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Por ello, el actual Congreso busca aprobar una ley que establece regulaciones en la aplicación de la cuestión de confianza por parte del gobierno de Pedro Castillo.
Al respecto, constitucionalistas consultados por Correo, consideran necesaria la aprobación de la norma para mantener un equilibrio de poderes y se pueda evitar así que se repitan escenarios del pasado.
CIFRAS
La ley que interpreta el artículo 132 de la Constitución fue aprobada por el Congreso el 16 de setiembre con 74 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, sin embargo, fue observada por el Poder Ejecutivo.
Precisamente, el último sábado, la Comisión de Constitución tuvo una sesión extraordinaria para aprobar -por insistencia- el dictamen.
Y si bien fue aprobada con 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, llamó la atención que esta última provenga de Eduardo Salhuana, vocero de APP, bancada que respaldó la norma en el último pleno.
Si la bancada apepista vota en el mismo sentido que Salhuana cuando el dictamen llegue de nuevo al pleno, los votos a favor pasarían de 74 a 59, pues son 15 los parlamentarios de ese grupo.
Para que la iniciativa tenga luz verde debe recibir por lo menos 66 votos a favor, es decir, la mitad del número legal de congresistas.
Al respecto, el parlamentario Salhuana explicó a Correo que su voto en abstención se dio porque consideró que la norma debería ser revisada con mayor cautela y que el escenario político cambió, pues ahora ingresó Mirtha Vásquez como premier en lugar de Guido Bellido.
“No conozco la posición de mis colegas, evidentemente mi voto no significa el punto de vista de la bancada. Mi voto no es una manera de decir no vamos a apoyar”, aclaró el apepista.
Desde su punto de vista, es necesario reflexionar, evaluar y escuchar al presidente Castillo para ver qué otras alternativas se pueden trabajar a fin de desvanecer los ruidos sobre vacancia, censura y cuestiones de confianza, que solo generan inestabilidad.
“El país ya está cansado de esas cosas. Vamos a reunirnos como bancada y sobre eso tomaremos una decisión”, agregó.
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ANÁLISIS
La ley establece que los ministros y el premier tienen la facultad de plantear la cuestión de confianza solo en relación directa a la política general del gobierno, no sobre la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento.
De acuerdo con el constitucionalista Aníbal Quiroga, la ley tiene por objetivo evitar lo que sucedió con Vizcarra Cornejo.
“El Ejecutivo no podrá presentar confianza por temas que son de competencia exclusiva del Congreso porque eso afecta el contrapeso de poderes”, precisó.
El jurista recordó que el cierre del Congreso en 2019 trajo consecuencias como gobernar mediante decretos de urgencia y elegir un Parlamento populista que incluso vacó al mandatario.
“El equilibrio de poderes ayuda. La idea es evitar la interpretación perniciosa al margen de la Constitución de la cuestión de confianza como lo hizo Vizcarra en su momento”, destacó.
Quiroga señaló que, de aprobarse la ley, el gobierno no podría hacer confianza por el proceso de selección de magistrados del TC que el Congreso acaba de iniciar recientemente.
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REGULARIZAR
En la misma línea, el constitucionalista Natale Amprimo, consideró que, de no aprobarse la norma, “mañana el Ejecutivo podría hacer cuestión de confianza para que se coloque a determinadas personas en el TC”.
“Hay cosas que hay que poner en orden porque lo que estamos pasando son los efectos de la gestión de Vizcarra que tanto daño le ha hecho al país”, refirió.
Amprimo precisó que la Constitución da la herramienta de la confianza para aspectos propios del Ejecutivo que requieren de un respaldo del Congreso.
“Por eso, la Carta Magna le da al presidente la facultad de cuestionar una ley ante el TC porque sino podría hacer confianza cada vez que quiera”, afirmó.
Agregó que la cuestión de confianza es una suerte de botón rojo que debe usarse de último momento y no todos los días.
“La cuestión de confianza se utiliza de forma muy esporádica, simplemente para salvar una situación grave, por eso hay que tener madurez política y experiencia en el cargo”, resaltó.
Por último, el especialista explicó que la norma busca reconducir las cosas a un “estado normal”.
“No olvidemos que la cuestión de confianza quedó desnaturalizada a raíz de lo que hizo Vizcarra y que en su momento llegó al TC”, sostuvo.
RECORDATORIO
En enero de 2020, el TC declaró infundada la demanda competencial sobre el cierre del Parlamento.
Con 4 votos a favor y tres en contra, los integrantes del máximo organismo intérprete de la Constitución, respaldaron la ponencia del fallecido tribuno Carlos Ramos Núñez.
En su exposición, Ramos precisó que el Poder Ejecutivo contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza, tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del TC como para solicitar la postergación de la elección de magistrados.
“En la medida en que el Congreso decidió no suspender dicho acto es evidente que decidió denegar la confianza al Poder Ejecutivo”, señaló en aquella oportunidad.
Cabe precisar que la ley que busca aprobar el Congreso por insistencia tiene por objetivo interpretar la cuestión de confianza regulada en los párrafos 132 y 133 de la Constitución.
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