Kenji Fujimori asegura sentirse tranquilo pese a acusación fiscal: “no existió ninguna conversación ilícita”

El excongresista Kenji Fujimori aseguró que no infringió la leyen las conversaciones que fueron grabadas por el exparlamentario Moisés Mamani y en las cuales se basa el Ministerio Público para presentar acusación contra él por la presunta compra de votos en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2018 y por los que solicitan 12 años de prisión efectiva.

“Me siento tranquilo por la defensa porque, como ya lo ha dicho el Dr. Franco (mi abogado), no ha habido ninguna conversación ilícita”, aseguró Fujimori a la salida de la primera audiencia de control de acusación.

Kenji Fujimori fue el único de los exlegisladores implicados en este caso que acudió a la sesión dirigida por el juez supremo Hugo Núñez Julca. Contra Guillermo Bocángel también se ha pedido 12 años de cárcel, mientras que contra Bienvenido Ramírez se solicitan 11 años.

Alexei Toledo, exasesor del menor de los hijos de Alberto Fujimori, también es implicado en este caso y solicitan 12 años de cárcel en su contra. Todos son denunciados por cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias.

“Lo que ocurrió fue una edición malévola de estos videos por parte de Fuerza Popular con el único objetivo de obtener poder absoluto [...] Lo único que ellos han querido era tener poder por el poder, control total del Parlamento”, señaló Kenji Fujimori.

El hermano de Keiko Fujimori (lideresa de Fuerza Popular) añadió que “no se siente representado” por esta agrupación política. “Lo que han hecho ellos es destruir la gobernabilidad y la economía del país”, manifestó.

Abogado de Kenji Fujimori niega ilícitos

A su turno, el abogado de Kenji Fujimori, Franco García Lazo, reiteró que su defendido no cometió ningún delito ya que no hubo ninguna oferta o ganancia económica en las conversaciones registradas por Moisés Mamani en marzo del 2018.

“Kenji Fujimori no ha cometido ningún ilícito, no ha hablado absolutamente de ningún beneficio económico por la intermediación constitucional y reglamentaria que tienen todos los congresistas para ver proyectos de inversión pública [...] Lo que es delito es aprovecharse con un beneficio económico de esas obras y no existe ninguna obra, ningún alcalde, no existe nada en este proceso judicial”, señaló el abogado.