(Foto: GEC)
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La Fiscalía y el Poder Judicial están otra vez enfrentados. ¿La razón? Los pedidos de cese de prisión preventiva de los investigados en el caso Lava Jato ante el riesgo al contagio del coronavirus COVID-19.

Como se sabe, hay una serie de presos que han sostenido que les asiste el derecho de ser liberados ante el riesgo de contagio por la edad o las enfermedades preexistentes que les afecta.

El primero en dejar la cárcel por esta situación ha sido el expremier César Villanueva. Ahora, Jaime Yoshiyama, Keiko Fujimori y Susana Villarán figuran en la lista para ser atendidos.

DISCREPANCIA. Ante ello, el fiscal coordinador Rafael Vela Barba envió un oficio a la jueza Inés Villa Bonilla, presidenta de la Corte Penal Anticorrupción para indicarle que la pandemia estaba siendo aprovechada, de mala forma, por los imputados.

“Definitivamente, afecta la estrategia fiscal de los representantes del Ministerio Público, dejando un precedente nefasto para la lucha contra la corrupción”, señaló.

La protesta de Vela no ha calado en el PJ. Por algo, Villa Bonilla no ha retrocedido en la resolución que dispuso un rol de trabajo para que los jueces de turno por 24 horas atiendan casos de urgencia.

Adicionalmente, para incomodidad de Vela Barba, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) ha exhortado a los jueces a revisar, incluso de oficio, los casos de los procesados y sentenciados privados de su libertad y que ahora plantean dejar la cárcel por el COVID-19.