Diversos conflictos entre instituciones, poderes del Estado y otros ha resuelto el Tribunal Constitucional (TC) en los últimos once meses. A un mes de cerrar el 2025, el máximo intérprete de la Constitución cuenta con al menos diez controversiales casos resueltos.

Además de lo ya fallado, hay otro de recursos por resolver. Solo el Poder Judicial (PJ) enfrenta ya dos procesos competenciales.

Ello debido a que tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —esta última, tras una información conocida ayer— presentaron demandas contra los órganos de justicia.

En ambos casos, se alega que el PJ se habría excedido en sus facultades.

Se suma a la JNJ

El caso más reciente, conocido ayer, es el de la JNJ. En su demanda ante el TC, el organismo liderado por Gino Ríos Patio sostiene que el PJ ha “menoscabado” sus competencias.

Por ello, enfatiza que el PJ “carece de competencia para impedir, a través de procesos ordinarios y/o constitucionales, (…) el normal desarrollo del ejercicio de las funciones y atribuciones exclusivas” de la JNJ.

La Junta hace referencia a dos casos puntuales. El primero de ellos versa sobre dos resoluciones, emitidas por el juez Juan Torres Tasso, que pausan la suspensión de seis meses a Delia Espinoza (exfiscal de la Nación), dispuesta por la JNJ, en el marco de un procedimiento disciplinario. Así, se ordena restituirla en el cargo de fiscal de la Nación.

El último de los fallos judiciales, conocido el último lunes 10, otorga un plazo máximo de dos días hábiles a la Junta, una vez notificados, para acatar la medida. Se indicó que el organismo cumplió con el fallo de forma parcial.

Sin embargo, hasta el martes 14, fecha de la presentación de la demanda contra el PJ, la JNJ sostenía que aún no recibía la notificación judicial. El panorama cambió ayer, cuatro días después, cuando se concretó la el envío de la notificación judicial.

Finalmente, también se aborda en la demanda la acción de amparo interpuesta por el IDL y admitida a trámite por el juez Jhon Paredes.

La ONG busca que se anule el proceso de selección de miembros de la JNJ y que, mientras este sea resuelto, se “suspenda temporalmente” los efectos de los nombramientos. La audiencia para evaluar el pedido será el 22 de diciembre.

Suman diez

En lo que va del año, el Tribunal Constitucional ha resuelto hasta diez conflictos entre instituciones y personajes públicos u otros (ver infografía).

En el primer trimestre figuran las reposiciones de Tomás Gálvez y Aldo Figueroa como fiscal y juez supremo, respectivamente.

El TC declaró inconstitucional el “procedimiento disciplinario inmediato” que, por ese entonces, aún aplicaba la JNJ. Fue la gestión anterior de dicho organismo el que los apartó y “vulneró” el debido proceso, según el TC, siendo esta la razón principal por la que ordenó las reincorporaciones.

Otro caso destacable fue el proceso que inició el Ejecutivo, en el mandato de Dina Boluarte, contra el Ministerio Público (MP) y el PJ. La demanda logró que el TC determine que un presidente en funciones no puede ser investigado. En su lugar, solo se podrán disponer diligencias como toma de declaraciones o pedidos de información.

“En ningún caso se podrá disponer actos de investigación que no respeten la dignidad del cargo, el ejercicio efectivo de la autoridad estatal”, sostuvo el TC.

Por otro lado, también se resolvieron solicitudes en procesos emblemáticos. El tribunal declaró la nulidad de la investigación y acusación a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el Caso “Cócteles”. Así, se archivaron las imputaciones por presunta organización criminal y lavado de activos.

La institución sostuvo, entre otras razones, que “la figura penal de “receptación patrimonial”, bajo la cual se pretendía procesar a Fujimori por lavado de activos, fue incorporada al Código Penal recién en noviembre de 2016”, es decir, después de los hechos aparentemente cometidos.

Pendientes

Junto a la reciente demanda de la JNJ, el TC tiene otros tres procesos emblemáticos por resolver.

El PJ, liderado por Janet Tello, enfrenta otra demanda competencial a manos del JNE. La entidad electoral obtuvo una medida cautelar del TC que suspendía el proceso judicial en el que se define la “inscripción provisional” del partido Unidad Popular.

Sin embargo, jueces de la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima se negaron a acatar el fallo del tribunal. Según indicaron, no se “puede interferir en la tramitación” de causas pendientes en órgano jurisdiccional.

Para el constitucionalista Domingo García Belaunde, los casos del JNE y la JNJ evidenciarían “un uso indebido” de las acciones de amparo y medidas cautelares a cargo de ciertos jueces.

“El problema básico es que el Poder Judicial se está desbordando en sus atribuciones e incursionando en las actividades de otros organismos autónomos. Estoy seguro que el TC, en su momento, fallará a favor de las dos entidades.”, dijo a Correo.

El especialista remarcó que las acciones de amparo deben ser utilizadas para “controlar excesos” y recordó el caso del fiscal supremo Tomás Gálvez.

“Si la JNJ suspende a la señora Espinoza mientras la investiga, ¿dónde está el exceso? El señor Gálvez regresó tras un recurso, pero él ya estaba fuera (del cargo). El TC demostró que lo habían retirado sin el debido proceso y que le habían notificado cuando tenía COVID-19”, indicó.

Por otro lado, el TC también tiene pendiente decidir sobre la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra la denominada “Ley de Amnistía”, que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.

En agosto último, además, admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de Arequipa contra el decreto de urgencia N° 013-2024. Este último permitió que Petroperú recibiera un crédito de $1000 millones.