Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) han recurrido en más de una oportunidad ante el Poder Judicial (PJ), institución conformada por jueces que, tarde o temprano, pasarán por un proceso de ratificación en la primera entidad mencionada.
Cabe precisar que los magistrados del PJ son evaluados por los miembros de la JNJ, lo que evidencia un conflicto de interés que debe resolverse.
Al respecto, Correo conversó con especialista que dan luces de cómo podría ser tratada esta polémica situación.
LOS CASOS
Una de las primeras ocasiones en que la JNJ recurrió al PJ fue en 2023, cuando la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un informe final que recomendaba la remoción de sus siete integrantes por una presunta falta grave.
El motivo: Haber permitido la permanencia de Inés Tello a pesar de haber superado los 75 años, edad legal para ser parte de la entidad.
Por ese motivo, la JNJ presentó una medida cautelar y una demanda de amparo.
Así, el 7 de noviembre de 2023, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la medida cautelar, en consecuencia, se suspendió de manera provisional la votación del caso en el Pleno del Congreso.
Mientras que el 11 de diciembre de 2023, la misma Sala declaró fundda, en parte, la demanda.
Así, se declaró nulo todos los actuados a partir de la imputación de los cargos en la Comisión de Justicia. Sin embargo, se declaró improcedente la pretensión de la JNJ de anular el acuerdo del Parlamento, que dispuso encargar al mencionado grupo de trabajo la investigación.
Los jueces que resolvieron el caso a favor de la JNJ fueron Néstor Paredes Flores (ponente), José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich.
La congresista Patricia Chirinos interpuso una denuncia contra los magistrados que fallaron a favor de la JNJ, lo que motivó el inicio de una investigación preliminar desde la Fiscalía.
En aquella ocasión, la JNJ informó que el juez Paredes Flores fue ratificado en su cargo en el 2022, mientras que Velarde Acosta y Cabrera Giurisich no están en la relación de magistrados convocados para ser ratificados en ese año.
SE SUMAN
En 2024 la situación fue similar. Cinco integrantes de la JNJ presentaron una demanda de amparo un poco antes de que el Congreso inicie el debate del informe que proponía inhabilitar a los magistrados por 10 años.
El recurso fue admitido a trámite por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, parte del procedimiento que es obligatoria. Sin embargo, el recurso todavía no ha sido resuelto.
Se ha convocado a una audiencia virtual para el 4 de junio a las 9:00 a.m., para que los representantes legales de los involucrados en el caso presenten sus argumentos.
Los jueces que forman parte de la Sala son Oswaldo Ordoñez Alcántara (presidente), Andrés Tapia González y Luciano Cueva Chauca.
Por otro lado, el Congreso aprobó inhabilitar a Aldo Vásquez e Inés Tello. Sin embargo, fue la misma Sala antes mencionada que otorgó una medida cautelar que ordenó revocar esa suspensión.
Específicamente los dos primeros jueces votaron a favor, mientras que Cueva Chauca votó en contra.
Si bien Tapia Gonzáles no figura en la lista que publicó la JNJ en mayo de 2023 para pasar por el proceso de ratificación, el nombre de Oswaldo Ordoñez sí.
Es decir, votó a favor de Vásquez y Tello, integrantes de una institución que eventualmente lo ratificará en su cargo.
Precisamente, el próximo mes se conocerán los resultados del proceso.
ANÁLISIS
Para el abogado José Naupari, sí existe un conflicto de intereses cuando los integrantes de la JNJ interponen recursos ante el PJ.
“Si estás en el proceso de ratificación, lo óptimo sería que por un principio de imparcialidad, te inhibas de ver el caso”, indicó.
Consultado sobre el juez Ordoñez, quien verá una demanda de amparo y se encuentra en proceso de ratificación, dijo que lo recomendable sería que se inhiba para no contaminar la objetividad de la decisión, aunque esta sea a favor o en contra.
“Así se evita cualquier tipo de especulación o cuestionamiento”, indicó.
Desde su punto de vista, la figura de ratificación para los jueces debe ser eliminada porque no es estrictamente una sanción sino una evaluación del desempeño de los magistrados, pero precisó que los procesos disciplinarios deben mantenerse.
En un sentido similar se pronunció el abogado Julio Rodríguez, quien consideró que si hay conflicto de intereses.
“El problema con los miembros de la JNJ es que definitivamente van a interactuar con magistrados, que eventualmente podrían estar próximos a una ratificación o pendientes de un concurso de ascenso”, indicó.
También coincidió en que hay un conflicto con la participación del juez Ordoñez en la decisión que favoreció a la JNJ. “Él no podía haber intervenido porque tiene un procedimiento justo con los que está decidiendo (Tello y Vásquez)”, apuntó.
Por lo que señaló la importancia de que los magistrados que estén cerca de esos procesos se inhiban.
“La inhibición es un mecanismo legal acá. Lo que pasa es que la norma no lo prevé, antes se decía que había una inhibición por decoro, pero ya no está previsto cuando hay determinadas circunstancias como este caso”, agregó.
