“La pesadilla ya acabó”, afirman los comandos "Chavín de Huántar"

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró que el Estado peruano tuvo una “responsabilidad parcial” en la presunta ejecución extrajudicial del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, camarada “Tito”, es una luz al final del túnel para el grueso de los comandos “Chavín de Huántar”.

“El hecho de que la Corte IDH reconozca una sentencia del fuero militar que en su momento absolvió a los comandos es importante. Es una justicia que la recibimos un poco tarde, pero nos da tranquilidad. Este infierno duró 14 años desde que, en el 2001, un fiscal denunció a un grupo de comandos por homicidio. Nos dieron orden de detención. Pensamos que esto nunca terminaría. Pero la pesadilla ya acabó”, declaró el coronel EP (r) Hugo Robles del Castillo, el jefe del Grupo Delta, encargado de tomar el segundo piso de la residencia del embajador de Japón el 22 de abril de 1997.

Un rehén, dos comandos militares y 14 de los secuestradores murieron ese día.

El jueves último, Robles y un puñado de comandos volvieron a la réplica de la residencia nipona, en el cuartel de la Brigada de Fuerzas Especiales, en Chorrillos, que sirvió para los ensayos de la operación de rescate.

El tema central fue el fallo de la Corte IDH que concluyó que el operativo fue legal, legítimo, proporcional y que no buscó matar sino aliviar la situación de los rehenes.

“Aquí la gran perdedora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alegó que el proceso de los comandos ante el fuero militar era contrario a la convención americana”, apuntó Robles, quien también es abogado de profesión. “La Corte IDH valida el fallo de la justicia castrense y lo que dice es que se investigue o se continúe investigando la muerte de ‘Tito’, pero allí los comandos no tenemos nada que ver”, añadió.

La sentencia de la Tercera Sala Penal Liquidadora, presidida por Carmen Rojjasi, negó en 2012 que haya habido una cadena de mando paralela a la de los comandos, y ordenó que por la muerte de “Tito” solo debía investigarse al coronel Jesús Zamudio y al personal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo su mando. Zamudio continúa prófugo y su paradero es un misterio.

APROVECHAMIENTO. “El fallo de la Corte es mesurado, digamos que no es sesgado. Durante muchos años tuvimos que pelear contra la ley. Nos maltrataron. Ahora todos tenemos que entender que esta operación fue exitosa y legítima. En ambos lados hubo bajas, pero ningún exceso”, señaló el contralmirante AP (r) Carlos Tello Aliaga, exjefe de la Unidad Antiterrorista de la Marina, encargada del manejo de las cargas explosivas c-4 y c-8 que se detonaron en la residencia nipona y de los francotiradores.

Tello Aliaga negó que se haya ejecutado a emerretistas ya rendidos, pero aseguró que los comandos continuarán colaborando con la justicia hasta que se determine con exactitud qué fue lo que sucedió con “Tito”.

“Lo que sí es verdad es que aquí hubo un aprovechamiento político”, intervino el coronel Robles. “La operación ‘Chavín de Huántar’ fue presentada como un triunfo del expresidente Alberto Fujimori, no de los comandos, y fue durante mucho tiempo su caballito de batalla. Luego, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, todo lo hecho en la época de Fujimori olía a podrido y entonces todos nosotros pasamos de héroes a villanos”, finalizó.

El expremier y exministro de Justicia Juan Jiménez Mayor afirmó que no habrá un nuevo juicio para los comandos. “Quiero ser muy preciso: los comandos no serán procesados”, dijo Jiménez a la prensa la semana pasada.