Eduardo Arana Ysa, ministro de Justicia y Derechos Humanos, considerado en el círculo más íntimo de la presidente de la República, Dina Boluarte, ha sido vinculado a una serie de contactos, amistades o cercanías en su pasado que podrían generarle problemas.
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Audios obtenidos legalmente en el programa Cuarto Poder, al ministro Arana se le vincula con personajes investigados en los Cuellos Blanco, dando cuenta de un sin número de llamadas con los jueces complicados, como es el caso de Walter Ríos y César Hinostroza.
Eduardo Arana ha sabido sortear la graves tensiones políticas y cuestionamientos en la gestión de Dina Boluarte, incluso lo señalan como el próximo presidente en el Consejo de Ministros.
Sin embargo, hace un año se dio cuenta que tenía 30 llamadas con Hinostroza, cuando en realidad serían más de 180 entre 2011 y 2018, de acuerdo con el levantamiento de las comunicaciones. Además, encontraron más personajes ligados al sistema de justicia que han terminado investigados y procesados.
Enrique Valderrama, analista político, sospecha que la presidente de la República pretende aprovechar los vínculos que tiene Arana en el sistema de justicia. “Por lo que se supo que el señor tenía hace un año vínculos extraños o complicados en el sistema de justicia”, dijo en el programa.
Los estrechos nexos que mantendría Eduardo Arana con los cabecillas de los Cuellos Blancos de Puerto quedaría evidenciado en la nueva información que sale a la luz. Entre el 2016 y el 2028 se contabiliza más de 30 llamadas con el otrora presidente del Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos.
La lista de los amigos del ministro Arana es larga. Seis llamadas entabla comunicación con el fiscal Superior de Lima Norte, Alberto Rosel Alvarado, personaje que un año después, en el 2019, fue detenido por agentes de la Diviac y Ministerio Público junto al expremier César Villanueva. Fue señalado de ayudarlo en el caso Odebrecht.
Otro interlocutor de Arana en 2016 y 2017 es el magistrado Jimmy García Ruiz, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, sentenciado a 11 años de prisión en agosto del 2023 por delitos tráficos de influencia y encubrimiento personal.
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