Dos reportajes periodísticos revelaron que las manifestaciones que el presidente ofreció a la Fiscalía por el caso Sarratea, sus vínculos con la lobbista y nombramientos en el Estado contradicen sus palabras y lo que antes han asegurado sus propios allegados.

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Ayer, cuando se le preguntó sobre el tema, el mandatario no quiso responder. Ante la insistencia de los periodistas reaccionó molesto y dijo con desdén: “Esta prensa es un chiste”.

Penalistas consultados por este diario advirtieron que las declaraciones contradictorias del jefe de Estado configurarían delitos como falsedad genérica y hasta podría entorpecer las investigaciones fiscales.

DOBLE VERSIÓN

Castillo refirió al Ministerio Público que no participó en encuentros con López, que desconoce el tema y que necesariamente no se reúnen con él cuando los empresarios que ingresan a Palacio de Gobierno.

Sin embargo, en la entrevista que concedió a la cadena internacional CNN, reconoció que sí había recibido a la empresaria en su despacho.

“¿Quiénes participaron en la reunión el 18 de octubre con Karelim López?”, le consultó el Ministerio Público, a lo que respondió, “no lo sé. Yo no he participado”.

También se le preguntó “¿conoce a la señora Ada Vidalina Sánchez (madre de Segundo Sánchez, el dueño de la casa de breña)?”, y replicó: “No la conozco”.

No obstante, y también durante su conversación en CNN, Castillo saludó a Ada Sánchez por haberlo “cobijado” en su casa y alcanzarle “una taza con agua durante la campaña política”.

Como se sabe, la vivienda en cuestión, ubicada en el pasaje Sarratea, Breña, era utilizada por Castillo para reuniones furtivas con militantes de Perú Libre, empresarios y hasta con funcionarios del Gobierno.

“¿Conoce a Tania Peralta Sánchez (hija de Ada Sánchez)?”, fue otra interrogante de la Fiscalía. El jefe de Estado alegó que “no”.

Empero, trascendió que ella visitó Palacio para ver al presidente el 4 de setiembre pasado. Panorama reveló, además, que el 19 de octubre de 2021 el vehículo con placa BFF-187 -de Tania Sánchez- ingresó a la Casa de Pizarro por el cumpleaños de Castillo.

DESIGNACIONES

Las contradicciones de Castillo no quedan allí. En la diligencia fiscal se le pidió detallar las circunstancias en las que se propuso a Walter Ayala para el cargo de ministro de Defensa.

En su respuesta, el mandatario solo indicó que fue “a través de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)”, donde se evaluó el caso y se nombró como funcionario. “En ese tiempo el presidente de la PCM era Guido Bellido”, continuó.

Sin embargo, en diálogo con la prensa, Ayala aseguró que quien lo convoca para dirigir el sector Defensa fue el propio Castillo: “Me llama el presidente (para ser ministro), el 20 de julio del 2021″, dijo.

En esa línea, el Ministerio Publico también le solicitó describir las circunstancias en las que fue nombrado el exsecretario general Bruno Pacheco. “Hay todo un proceso que se evalúa, pero no lo hace directamente mi persona. Me imagino que debe ser recursos humanos quien evalúa los legajos”, aseveró el jefe de Estado.

Pacheco, sobre el tema, declaró en el pasado a la prensa que quien lo propuso para uno de los cargos más importantes de Palacio fue Castillo (ver infografía).

HABRÍA DELITOS

Sobre el tema, el penalista Andy Carrión advirtió que tales contradicciones podrían constituir algunos delitos, como el de falsedad genérica, así como entorpecer el desenvolvimiento de las propias investigaciones.

“Hay un precedente sentado por la propia fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos), que de abrírsele otra investigación al presidente por el delito de falsedad, implicaría que la investigación sea suspendida hasta el año 2026; es decir, hasta que culmine su mandato”, explicó a Correo.

Agregó que el mandatario ahora no tendría mucho que temer, porque recién se activarían las pesquisas en 2026.

A su turno, el penalista Fernando Silva refirió que mentir ante la Fiscalía es entorpecimiento a la justicia.

Por ello, advirtió que la actitud del presidente Castillo podría acarrear una consecuencia en su situación procesal, pues mentir es un comportamiento que el Ministerio Público inclusive puede calificar como obstrucción a la justicia.

El integrante del Estudio Silva Abogados también refiere que esta eventual investigación al respecto comenzaría en el momento en que Castillo Terrones pueda ser procesado; es decir, al dejar la investidura.

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“El entorpecimiento a la justicia es un elemento que podría servir para un impedimento de salida del país, una orden de prisión preventiva y otras medidas de restricción”, precisó




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