A lo largo de la gestión de Alejandro Soto como presidente del Congreso se han aprobado leyes con nombre propio, en beneficio de ciertos políticos o partidos, pero también normas que atentan o ponen en serio peligro la sostenibilidad fiscal del país.
En el recuento, Correo pudo identificar, por lo menos, siete proyectos aprobados en esta legislatura que van desde la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) hasta el otorgamiento de bonificaciones a jueces y profesores.
CONTEO
Uno de ellos fue aprobado el pasado viernes. Se trata de un proyecto que plantea otorgar un bono mensual de hasta 9 360 soles a jueces titulares por “su labor y dedicación al servicio del país” y que beneficia a jueces superiores, especializados y de paz letrado.
Otro es la bonificación para maestros por preparación de clases. A mediados de mayo se aprobó esa propuesta con el respaldo de 63 congresistas, al considerar que era prudente que el profesor perciba este bono “por el arduo labor que emplea en las regiones”.
La norma establece que el beneficio sería equivalente al 30% de la remuneración total del profesor.
Lo mismo ocurrió con la ley que otorga beneficios laborales a los docentes ordinarios universitarios. El Parlamento aprobó por insistencia esa medida con el apoyo de 115 legisladores, pese a que el Ejecutivo la observó.
La propuesta plantea que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los docentes sea el equivalente al 100% de su remuneración, Y que, tras cumplir 25 años de servicio, reciban una asignación económica equivalente a dos remuneraciones mensuales. En caso de cumplir 30 años de servicio, será equivalente a tres sueldos.
Entre otras leyes (ver infografía) también se encuentra la propuesta que reduce el IGV del 18% al 8% a peluquerías o salones de belleza.
ANÁLISIS
Sobre este último punto, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo opinó que la verdadera intención de la norma es beneficiar a las grandes empresas.
“La gran mayoría de establecimientos o de empresas no pagan IGV. Entonces, ¿a quienes va a beneficiar esta rebaja del IGV? A quienes hoy pagan IGV y ahí están las grandes empresas o cadenas”, cuestionó.
Sostuvo que “es una aberración lo que pretende hacer el Congreso” con la normativa e indicó que el Legislativo se está convirtiendo en una fuente de creación de shock de oferta negativa para la economía.
Sobre la bonificación a jueces, el economista consideró que estas sientan las bases para que otros sectores del Estado soliciten ese tratamiento preferencial. “Eso obviamente va a llevar a que aumente la presión sobre las arcas fiscales”.
Insistió en que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto porque la Constitución lo prohíbe.
Similar opinión tuvo el economista David Tuesta. El exministro aseguró que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, pero esto no ha impedido que sigan aprobando leyes que violan dicho precepto constitucional.
“Básicamente, ellos impulsan este tipo de normas porque calza perfectamente con su perspectiva populista”, refirió.
Agregó que el Ejecutivo no tiene “la suficiente fuerza para enfrentarse al Congreso” y que el TC “también ha hecho interpretaciones bastante sorprendentes como el hecho de que la iniciativa de gasto no está relacionada a un periodo específico, sino que su impacto será más adelante”.
