Más de 100 procesos judiciales por crimen organizado y corrupción podrían retrasarse a causa de la Ley 32130, que permite a los acusados impugnar el auto de enjuiciamiento que dispone el inicio del juicio oral, advirtió el presidente de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuzcano.
Se trata de procesos complejos con un gran número de procesados, 30 o más en algunos casos, y que involucra personas naturales y jurídicas (empresas), así como múltiples delitos que demandan más tiempo y dedicación del sistema de justicia.
Según el magistrado, estos casos se encuentran actualmente en la etapa intermedia (control de la acusación fiscal) del proceso penal, fase posterior a la investigación preparatoria.
CASOS
Uno de estos casos, por ejemplo, es el de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, cuyo auto de enjuiciamiento fue impugnado y comprende a 21 personas y 10 empresas.
El juicio contra estos acusados se iniciará una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto, precisó el magistrado a Andina.
Villarán es acusada de recibir coimas de más 11 millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
Otros casos que podrían afectarse a causa de esta ley son el del expresidente Alejandro Toledo, que ya fue sentenciado y está en apelación; el del expresidente Martín Vizcarra que está en trámite; y el juicio contra Ollanta Humala que está en la fase de alegatos finales.
APELACIÓN
El presidente de la Corte Superior Nacional precisó que, antes de la Ley 32130, una vez que se emitía el auto de enjuiciamiento, el tribunal o colegiado fijaba fecha para el inicio del juicio oral y este se iniciaba.
“Ahora, al ser apelado, implica que primero tiene que resolverse la apelación y, luego, continuar con el inicio del juicio oral”, acotó.
