La figura de la detención preliminar para casos de no flagrancia lleva 53 días sin poder aplicarse pues fue el 11 de diciembre que el Gobierno de Dina Boluarte aprobó un paquete de leyes que dejaba al margen de la ley esta figura.
Luego de esa fecha, y ante las críticas de los medios de comunicación y la opinión pública, el Congreso restituye la norma el 14 de diciembre del 2024 pero esta luego fue observada por la presidenta Dina Boluarte el 13 de enero.
El actual estancamiento legislativo no solo impacta en el trabajo de los fiscales y operadores de la justicia perseguidores del delito, sino también afecta, de manera más grave, a la ciudadanía por la creciente ola de inseguridad, impulsada por mafias y bandas criminales de prácticas extorsivas.
Es importante indicar que al cierre del 2024 se conoció que el país registró más de 2000 muertes por homicidio, de acuerdo con información de la policía. Y que, por lo menos, en enero del 2025, durante la ausencia de la norma, se registraron 158 homicidios, según el Sinadef.
LEGISLATIVO
Lo que sorprende es que desde que dicha ley llegó a manos del Congreso, el 14 de enero, tras la observación presidencial, la norma pasó por la Comisión de Justicia solo una vez, el 23 de enero.
Ese día, el grupo que dirige Isaac Mita, recibió la opinión de especialistas del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría y otras instituciones para mejorar la normativa.
No obstante, no hubo mayor comunicación o decisión de parte de la comisión a sus integrantes y menos a la opinión pública.
Este Diario se comunicó en la víspera con Mita y le consultó cuándo someterían a debate dicha ley.
En respuesta, el legislador, de Perú Libre, afirmó que primero su grupo de trabajo se encuentra elaborando un dictamen y que este será sometido al debate parlamentario entre el miércoles y viernes de esta semana.
“(Para la aprobación) todo dependerá del consenso y debate y podrán hacer sus aportes el resto de bancadas”, dijo a este Diario.
El legislador aseguró que al interior de ese grupo legislativo están analizando las posturas de las agrupaciones políticas sobre la ley.
