:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/07e8403f-9850-40b6-9b2d-c66be655c2ed.jpg "Foto de Sofía López")
El Congreso de la República aprobó, por insistencia, una ley que obliga a los medios de comunicación a otorgar el 10% de su programación para que el Estado desarrolle contenidos vinculados a la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
La polémica norma que fue considerada como “no viable” por el Ministerio de la Mujer durante su estudio, también ha sido calificada como inconstitucional por representantes del gremio y expertos en la materia.
A esto se le suma que una norma que cambiará las reglas en la programación de los medios, fue aprobada por el Pleno sin debate alguno, según información revisada por Correo.
CAMINO
El 11 de abril de 2023, la congresista Mery Infantes (Fuerza Popular) presentó un proyecto para modificar el artículo 46 de la Ley 30364, “ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de que los medios de comunicación contribuyan a la defensa, libertad y dignidad de aquellos”.
La propuesta consistía en cambiar la norma que establecía el permiso del 10% que entregaban los medios de radiodifusión públicos y privados por un mandato imperativo.
En su exposición de motivos, la legisladora naranja hizo un recuento de la ley ya existente, cifras de violencia contra la mujer, un párrafo en el que indicó que la mayoría de la ciudadanía desconoce de las acciones que configuran violencia contra la mujer y que es importante difundir contenidos de sensibilización. Sin embargo, no adjuntó ningún estudio o comparaciones con otros países en los que difundir este tipo de contenidos hayan tenido efectos positivos en el tema.
Así, el tema pasó a ser estudiado en las comisiones de Economía y Justicia.
Las opiniones de la Fiscalía y la Defensoría fueron a favor, pero desde el Gobierno no.
Por ejemplo, el Ministerio de Justicia consideró que la propuesta no era viable.
Entre sus motivos indicó que se deben limitar los alcances sobre una franja educativa en los medios de comunicación escrito, así como precisar a qué se refieren con “medios de cualquier modalidad”.
Por su parte, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables consideró que la propuesta no era viable.
A pesar de ello, ambos grupos de trabajo aprobaron el texto en diciembre de 2023 y en abril de 2024.
SILENCIO
El texto llegó a la agenda del Pleno el 11 de diciembre del año pasado.
Ese día, a las 17:55 p.m. el congresista Ilich López (Acción Popular), presidente de la Comisión de Economía, sustentó el dictamen.
“En las últimas semanas se han publicitado, lastimosamente para el país, una serie de agresiones que acabaron con la vida de una niña menor de edad que fue encontrada muerta por violación”, afirmó el legislador.
A las 18:02 p.m. inició su intervención Isaac Mita (Perú Libre) como presidente de la Comisión de Justicia, quien dio lectura por tres minutos al documento que aprobó su grupo de trabajo.
Ambos pidieron que el tema fuera puesto a debate, así que Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso, que en ese momento dirigía la sesión, informó que cada bancada tendría dos minutos para su exposición.
A las 18:04 p.m., la congresista Infantes, también dio lectura a un documento para sustentar su proyecto.
Sin embargo, cuando Cavero preguntó si habría alguna intervención nadie respondió.
A las 18:09 p.m., Mita Alanoca pidió que el texto sea sometido a votación.
Es decir, que el texto no tuvo un debate en el Pleno, salvo la intervención de la propia autora de la iniciativa.
El dictamen fue aprobado con 94 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después, fue exonerado de segunda votación.
El Gobierno de Dina Boluarte observó la autógrafa el 20 de enero de este año.
El documento enviado por el Ejecutivo advirtió que en la norma no se justificó la necesidad de entrega de franja informativa gratuita.
Además, el Congreso tampoco evaluó el riesgo que se generaría en los ingresos de las radiodifusoras.
“Las radiodifusores tienen autonomía en la elaboración del contenido de su programación, velando y colaborando con el Estado en la educación y la formación moral y cultural”, se lee en la observación.
El Pleno del Congreso sesionó el 22 de mayo y el escenario fue el mismo.
Ilich López sustentó la insistencia del proyecto que fue aprobado en la Comisión de Economía.
Posteriormente, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, dijo que cada bancada tendría dos minutos para intervenir.
Así que Infantes participó por cuatro minutos como autora del proyecto. Sin embargo, ningún otro padre de la patria participó del debate.
Finalmente, la norma fue aprobada con 74 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones (ver infografía).
ANÁLISIS
Para el constitucionalista Natale Amprimo, si nos referimos estrictamente a los medios de comunicación escritos, la norma promulgada es inconstitucional.
“Me parece que es totalmente inconstitucional que se pretenda fijar una franja obligatoria de noticias. En el caso de los medios escritos ellos son libres, digamos, en su Constitución y así lo estipula la Carta Magna del 93, la libertad para crearse”, indicó.
En diálogo con Correo, el experto señaló que si bien los medios radiales y de televisión utilizan el espectro electrónico del Estado, el que se quiera imponer una franja del 10% puede implicar un riesgo, pues más adelante este porcentaje podría subir a 15, 20 y 50.
“El Estado tiene su canal y redes sociales, estos deberían ser utilizados para informar y no para dedicarse a maletear a los que critican a su gestión. Deberían utilizarlo de manera positiva”, dijo.
Desde su punto de vista, los gremios periodísticos podrían interponer como primera medida, una acción de amparo, porque hay una afectación a sus derechos.
“Se vulnera la libertad de expresión, la libertad de propiedad y la libertad de empresa”, apuntó.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, adelantó que el Ejecutivo revisará el reglamento, por lo que convocará a las partes involucradas en la nueva ley.
“Vamos a tener mesas de trabajo donde vamos a convocar a todas las entidades que son parte del sistema, pero también a representantes de la prensa, de los medios de comunicación, a gremios”, aseguró.
Además, la integrante del Gabinete Ministerial dijo que el Gobierno de Boluarte cree en “una prensa libre”.
“Este gobierno cree profundamente en la libertad de expresión, en una prensa libre, responsable”, afirmó.
Cabe precisar que el premier Eduardo Arana también fue consultado sobre el tema en la conferencia del miércoles.
“Es una ley en la cual también el Ejecutivo en su momento expresó sus observaciones justamente con relación a que no se podía invadir parte de la esfera de lo que los medios de comunicación estaban haciendo y, por otro lado, porque considerábamos que esto podía dar lugar a una interpretación incorrecta”, dijo.
En la misma línea, aseguró que el Ejecutivo no usará a ningún medio de comunicación con propósitos que no sean a los que corresponde el objetivo de la ley.
