La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará hoy, desde las 10:00 a.m., si ratifica o revoca la prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de la República Martín Vizcarra.
El también exgobernador regional de Moquegua (GORE Moquegua), quien enfrenta un pedido de 15 años de prisión en un juicio oral, es sindicado de solicitar y recibir presuntas coimas de hasta 2.3 millones de soles por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
A once años de culminado su mandato regional, en diciembre de 2014, las imputadas concertaciones ilegales en las que habría incurrido Vizcarra aún generan estragos para la población de Moquegua.
De los dos proyectos en mención, el más grande, Lomas de Ilo, es un verdadero dolor de cabeza y, tras doce años, su materialización se sigue postergando.
Elefante blanco
La obra Lomas de Ilo ha visto pasar a cuatro gobernadores regionales: Vizcarra Cornejo (2013-2014), Jaime Rodríguez (2015-2018), Zenón Cuevas (2019-2022) y Gilia Gutiérrez (2023-2025).
El contrato fue suscrito en la gestión de Vizcarra, el 6 de diciembre de 2013, con la empresa Obrainsa (consorciada con Astaldi).
Por el presunto favorecimiento ilícito en la licitación, el entonces titular del GORE Moquegua habría pedido el 2% del costo directo de obra (S/50 810 637.85), es decir, S/1 016 212.
Con un plazo de ejecución de 300 días calendario, el proyecto de irrigación debía culminar el 11 de junio de 2015.
¿De qué trataba? La idea es dotar de agua con fines agrícolas a vastas zonas que se encuentran en un terreno eriazo pero con potencial para el cultivo.
Lomas de Ilo forma parte del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), entidad adscrita al GORE Moquegua.
El proyecto total es de 1 500 hectáreas y hay centenas de propietarios a la espera de que sus parcelas puedan ser dotadas de agua.
Su ampliación contempla alcanzar un total de 3,500 hectáreas con sistemas de riego avanzados.
El PERPG comunicó en febrero de este año que “la actual gestión regional ha identificado inconsistencias en la infraestructura de la obra, la cual fue recibida en el año 2017 “sin observaciones” por parte del comité correspondiente”.
Por ello, al advertir en peritajes técnicos “deficiencias en los procesos constructivos”, llevados a cabo por la empresa Obrainsa y supervisados por ATA, “se inició un proceso arbitral en la Cámara de Comercio de Lima para exigir responsabilidades por los vicios ocultos y fallas estructurales detectadas”.
También en febrero último, según el PERPG, se implementaron “ocho hectáreas con parcelas demostrativas, donde se cultivan productos de agroexportación como durazno, naranja, granada, olivo, pitahaya, maracuyá, higos, limón y maíz morado”.
Además, se instalaron “sistemas de riego por goteo y aspersión, permitiendo la adaptación del suelo y la optimización del uso del agua”.
Sin embargo, un informe de la Contraloría, publicado el último 25 de julio, revela un panorama desalentador: mayores costos y fallas estructurales.
“No se cuenta con una solución técnica-económica integral y, a pesar de ello, se continúa invirtiendo recursos públicos en el proyecto”, sentencia la entidad tras una supervisión realizada entre el 7 de abril y el 14 de mayo de este año.
Fiscalización
El informe de la Contraloría fue elaborado tras una disposición de la Gerencia Regional de Control Moquegua y ha identificado dos situaciones adversas.
La primera: no se contaría con una “solución técnica-económica integral definitiva” para el proyecto, lo que podría generar mayores costos y ampliaciones de plazos no previstos, además de “posibles fallas estructurales que llevarían al colapso del sistema y a la interrupción del servicio de riego”.
Además de ello, se refiere que la aprobación para ejecutar parcelas demostrativas de riego (1 y 2) “no sería acorde con las metas físicas de la obra ni (estaría) dentro de las competencias de la unidad ejecutora.
Asimismo, “sin la dotación aprobada de agua, ni mecanismos definidos de operación y mantenimiento, podría comprometer la eficiencia en el uso del presupuesto público del PERPG”.
La Contraloría también halló que “el suelo es propenso a colapsar, especialmente si se satura con agua durante un sismo, lo que podría causar la licuefacción del suelo (pierde su resistencia por presencia de agua)”.
Sobre ello, añade que ya se presentaron roturas de tuberías, colapsos de canales de evacuación y asentamientos en las estructuras debido a deficiencias de diseño y condiciones del suelo.
En suma, son 63 km. de tuberías que no han podido ser acondicionadas para operar.
