“Los Niños” aún no se libran de denuncia constitucional

Al interior del Congreso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), aún está pendiente de revisarse la denuncia que presentó la Fiscalía de la Nación en contra de los cuatro congresistas de Acción Popular que el pasado jueves fueron blindados por Perú Libre y sus satélites de izquierda.

A diferencia de la primera acusación, esta nueva cuenta con una serie de testimonios que no solo corroboran las visitas a Palacio de Gobierno de Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores, sino que establece el vínculo del “brazo congresal” con el expresidente Pedro Castillo en aparentes negocios turbios.

Allí se describen las operaciones que habrían efectuado los legisladores en los ministerios de Vivienda y de Transportes, así como su flexible acceso a obras por impedir que Castillo sea vacado y, además, el privilegio de colocar a sus allegados en entidades del Estado.

También se les atribuye los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

No obstante, esta denuncia aún no ha sido evaluada por la Subcomisión, pues está pendiente de que su equipo técnico elabore el informe de calificación para que se inicien, o no, las indagaciones.

Al respecto, fuentes de ese grupo adelantan a Correo que la próxima semana se presentará dicho trabajo.

Por lo pronto, la congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión, aseguró que la nueva denuncia cuenta con nuevos elementos que hacen más sólidas las imputaciones del caso. Añadió que esta incluye un informe clasificado que involucra, además de a los cuatro legisladores, a otras personas en aparentes hechos ilícitos.

“Son más de 32 mil folios que tiene esta denuncia y que está referida a hechos nuevos y que hay más gente involucrada. No necesariamente congresistas, pero hay mucha información relevante y en su momento se tendrá que evaluar”, manifestó en diálogo con RPP.

Recordemos que la parlamentaria quiso incluir esas nuevas evidencias en el informe final que debatía el Legislativo, pero con la condición de que el caso retorne a la Comisión Permanente para que sea evaluado. Presentó un recurso para ello, pero la representación nacional lo rechazó de inmediato.

Fueron, principalmente, los acusados los que cuestionaron tal solicitud.

Análisis. Sobre el tema, dos expertos consultados por este diario han coincidido, primero, en que la nueva denuncia de la Fiscalía de la Nación tiene buenas bases para que se inicie un nuevo proceso contra “Los Niños” de Acción Popular.

Además, han considerado que los nuevos testimonios son clave, porque además de consignar la declaración de varios colaboradores eficaces también se encuentran los de Eder Vitón, exasesor del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República; y de Auner Vásquez, exjefe de Gabinete del Despacho Presidencial.

Fue el penalista Andy Carrión el que refirió que esta nueva denuncia se fundamenta en puntos concretos sobre los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

“La denuncia de la Fiscalía no se concentra únicamente en los votos que impidieron la vacancia de Pedro Castillo sino en obras concretas en el Ministerio de Vivienda y de Transportes, y la mención de empresarios individualizados a los que supuestamente habrían favorecido con el tráfico de influencias”, dijo.

Cabe indicar que sobre ese delito la Fiscalía ha apuntado a que los investigados ejercieron gestiones para influir en la contratación de empresas vinculadas a los hermanos Aguilar Quispe y otras firmas chinas consorciadas para obtener beneficios económicos.

Consultado sobre ese punto, Carrión afirmó que la imputación “está mucho más redonda que a inicio (en la primera denuncia), donde solamente se centraba en el impedimento de que Castillo sea vacado del poder”.

En el mismo sentido, el penalista Mario Amoretti indicó que esta denuncia tendrá más viabilidad, pero que será resuelta desde un punto de vista político y, en consecuencia, será rechazado nuevamente por el Pleno.

Blindaje. Seis bancadas se opusieron al informe final que formuló la legisladora Norma Yarrow (Avanza País), que acusaba a los cuatro congresistas por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En rigor, fueron Perú Libre, Acción Popular, el Bloque Magisterial, Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú los que salvaron a “Los Niños”.

Pero no fueron los únicos. En minoría también lo hicieron los congresistas Luis cordero, de Fuerza Popular, y Heidy Juárez, de Podemos Perú (ver infografía).

Como sabemos, ambos legisladores se encuentran cuestionados. Al primero su bancada le suspendió la militancia por presuntamente estar involucrado en una red de espionaje a opositores del régimen de Pedro Castillo.

A la segunda se le acusó de haber recortado el sueldo a sus propios trabajadores del Congreso y antes se le había señalado por haber filtrado audios entre su exbancada Alianza para el Progreso (APP) y César Acuña.

En tanto, la congresista María Cordero -no agrupada, aunque fue parte de Fuerza Popular- solo apoyó a Raúl Doroteo. En resumen, fueron 45 los legisladores que estaban en desacuerdo con las conclusiones del informe final acusador.

Sobre el tema, el analista político César Campos dijo que lo ocurrido en el Pleno revela la ceguera del Parlamento y los intereses subalternos.

“El descarado blindaje a cuatro congresistas, sobre los cuales pesan probados fundamentos de haber sido colaboradores del corrupto gobierno de Pedro Castillo, revela la ceguera en la que ha entrado el Congreso, por lo menos la mayoría parlamentaria. Esto en función de intereses subalternos y nuevas alianzas que la ciudadanía no llega a entender a cabalidad”, manifestó.

A su turno, el analista Luis Benavente refirió que con ese blindaje se revela aparentes negociaciones bajo la mesa.

“Se sigue demostrando que hay muchas negociaciones que posiblemente están bajo la mesa a nivel político, respondiendo a intereses no visibles que atentan contra la transparencia del Congreso”, puntualizó a Correo.