El viernes 8 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 554, que declara procedente la investigación contra la congresista Lucinda Vásquez Vela por presunto delito de tráfico de influencias agravado.
Dicha iniciativa fue aprobada con 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó la denuncia al sostener que Vásquez habría ofrecido la prueba del concurso nacional de ascenso en la carrera pública magisterial 2021 a cambio de S/3,000 por postulante, comprometiendo así la transparencia de uno de los procesos más delicados del sistema educativo peruano.
Según el informe aprobado, el Ministerio Público reunió declaraciones de docentes que afirmaron haber sido contactados por la legisladora o por personas de su entorno político con el fin de obtener la prueba filtrada antes de la evaluación oficial.
Algunos docentes habrían efectuado los pagos solicitados, mientras que otros rechazaron la propuesta y denunciaron este hecho a las autoridades.
La congresista negó haber recibido dinero, aunque admitió conocer a algunos de los postulantes involucrados. No obstante, el informe parlamentario concluye que existen indicios suficientes para iniciar una investigación constitucional.
Tras la aprobación de la SAC, el expediente será remitido a la Comisión Permanente, que tendrá que decidir si el caso procede para su debate en el Pleno del Congreso. De ser admitido, Lucinda Vásquez podría enfrentar suspensión temporal o incluso desafuero, en caso de que se determine responsabilidad penal.
Asimismo, la Comisión de Ética Parlamentaria mantiene abierta otra investigación contra Vásquez por el denominado “Caso cortaúñas”, en el que se le acusa de haber utilizado a personal de su despacho para realizar labores domésticas, lo que agrava su situación política y disciplinaria en el Parlamento.
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