Durante la tercera gestión de (2015-2018), la pagó “en exceso” US$7’451,291.41 a la constructora brasileña por la obra de Plaza Nueva y el bypass de la avenida 28 de Julio, en el centro de la capital.

El Comercio informó que así lo determinó el informe N° 303-2017-CG/MPROY-AC de la contraloría. Dicho documento es recogido por la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, en su solicitud de prisión preventiva por 36 meses para Castañeda Lossio.

La auditoría estableció que los gastos aprobados por el investigado Jaime Villafuerte Quiroz, exgerente de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima, para Plaza Nueva y el bypass “son muy superiores” a la de otras obras similares, que solían tener de 15% a 24% más por este concepto.

La fiscal Salazar explica que a través de la adenda N°1 al contrato de la referida obra, se modificó el presupuesto de esta, reduciéndolo a US$56’087,461 incluido el IGV, “contemplando gastos generales ascendentes al 31,08% directo”.

También indica que la “utilidad real” a favor de OAS por la ejecución de la Plaza Nueva y el bypass de la avenida 28 de Julio “representa el 13,16% del costo directo”, un valor considerado “inusual, pues en obras similares dicho porcentaje es igual o menor al 10% del costo directo”.

Por ello, precisa que si al real costo de la obra se le aplica el 15% de los gastos generales y el 10% de utilidad, “se obtiene que el presupuesto de la obra, incluido IGV, sería US$ 41´317,605 en lugar de los US$ 54´349,446”.

La contraloría- según refiere el pedido de prisión preventiva para Castañeda Lossio- también indicó que en el tercer gobierno municipal de Solidaridad Nacional se benefició a OAS “con la inaplicación de penalidades”, luego de que la constructora brasileña suspendiera “sin sustento” el comienzo de la ejecución de obra inicial en la Av. Morales Duárez durante la gestión de Susana Villarán.

Agrega que con el pago de penalidad era por un período de 1970 días calendario por un monto que ascendía a US$5'910,000. No obstante, con la firma de la adenda N°2 al contrato de la Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, al sustituir la obra inicial por un pasó a desnivel, se dejó sin efecto el pago.

El informe 303-2017-CG/MPTOY-AC de contraloría observa que la sustitución de la obra inicial, que pasó de un desnivel “superior” a uno “inferior” “incrementó sin sustento técnico el costo” de la construcción en US$ 9’198,297 (que comprende US$ 3’288,297 por gastos de las obras sustituidas que no se podrán utilizar y US$ 5’910,000 por la inaplicación de penalidades).

Agrega que el puente vehicular Bella Unión (que comprendía obras en Morales Duárez), desde noviembre de 2014 (el último tramo de la gestión de Villarán), contaba con un SNIP “con viabilidad aprobada a nivel de factibilidad”.