Magistrado cuestiona prisión preventiva de socios de Odebrecht

Una serie de observaciones planteó el juez superior Rómulo Carcausto Calla- integrante y director de debates de la Primera Sala Penal de Apelaciones- al fiscal adjunto anticorrupción Oliver Chávez Sánchez durante la audiencia de apelación de prisión preventiva para los directivos de las empresas JJCamet, ICCGSA y Graña y Montero, asociadas con Odebrecht.

Durante sesión realizada en la Sala Penal Nacional, Carcausto pidió al representante del Ministerio Público una copia certificada de la declaración del aspirante a colaborador eficaz y exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata, debido a que el expediente presentado solo tenía una transcripción y copia simple.

Sobre esta observación, el fiscal admitió que dicha declaración se realizó en el proceso de colaboración eficaz realizado por el jefe del Equipo Especial del Ministerio Público, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro.

“Entonces ustedes (la Fiscalía) admiten que hubo una omisión. Eso debe ser firmado por el fiscal de la colaboración (para ser utilizado)”, sostuvo el juez Carcausto.

Cabe recordar que Barata señaló que los representantes de dichas empresas, JJCamet, ICCGSA y Graña y Montero, tenían pleno conocimiento y se beneficiaron con parte del pago del soborno de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo de Odebrecht para adjudicarse la carretera Interoceánica Sur.

IMPUTACIÓN

Aquí, el fiscal también reconoció que no existe ninguna formalización de dicha imputación.

“En la formalización de investigación preparatoria contra los imputados, se menciona que los delitos de tráfico de influencias y colusión fueron cometidos en el marco de una organización; pero formalmente no se les está acusando de formar parte de una red criminal”, precisó.

APELACIÓN

Cabe señalar que solo estuvieron los abogados de los investigados Fernando Camet Piccone (JJCamet), José Castillo Dibós (ICCGSA), internos en el penal de Piedras Gordas, y de Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero), en arresto hospitalario.

Hace algunos días, en el caso de los empresarios Hernando Graña Acuña y José Graña Miró Quesada (de Graña y Montero), el juez Richard Concepción Carhuancho declaró inadmisible su apelación.

Por su parte, el fiscal Oliver Chávez pidió confirmar el fallo emitido en primera instancia.