Marianella Ledesma: “El TC se encarga de ejercer ese control y equilibrio de poderes”. Foto: Alonso Chero
Marianella Ledesma: “El TC se encarga de ejercer ese control y equilibrio de poderes”. Foto: Alonso Chero

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, anunció que antes de finalizar el año estará lista la sentencia de la demanda competencial acerca de la vacancia presidencial.

En diálogo con Correo, la magistrada sostuvo que asumió la ponencia del caso al tratarse de una situación emblemática para el país, y no descartó que en el debate de la resolución se modifique el número de votos que se requieren en el Parlamento para destituir a un mandatario.

A un año del cierre del Congreso, ¿reitera su postura sobre la constitucionalidad de dicha medida?

Sobre la sentencia, yo me ratifico en lo que expresé en ese momento con mi voto y con mi argumentación. Algo positivo que deja la sentencia es que reconoce que si bien hay una delimitación de las competencias o las atribuciones que ejerce el Congreso, deja de manera clara que el ejercicio de confianza y el cierre del Congreso deben darse de manera expresa. Esa es la regla general. Inclusive, en la sentencia también invoca al Ejecutivo a que busque alternativas pacíficas para arreglar estos problemas y que la última ratio debe ser el cierre del Congreso. Ese es el mensaje y es lo que se deja para futuros gobiernos.

¿El TC hace de árbitro frente a las controversias entre el Ejecutivo y el Congreso? ¿Los ánimos de enfrentamientos entre ambos poderes del Estado han disminuido?

El Tribunal se convierte en el gran réferi por mandato constitucional, porque es la entidad que se encarga de ejercer ese control y ese equilibrio de poderes. (...) La historia nos dice que los escenarios políticos, como lo son el Ejecutivo y el Legislativo, a veces no son de mucha armonía; lo ideal es que sean de armonía, pero no siempre se da así. Hay momentos en la historia en que son muy intensas esas contraposiciones, y por eso es que la Constitución señala qué se hace cuando esos escenarios son insostenibles. El TC juega ese papel de: “Recurramos ante el juez para que diga cómo vengo ejerciendo mis facultades o cómo lo viene ejerciendo otra entidad del Estado”.

Pero ¿percibe un trabajo equilibrado entre ambos poderes del Estado en las últimas semanas?

Más bien, yo anhelaría, de manera personal, como ciudadana, que estos desencuentros por lo menos bajen la intensidad, porque estamos en una fase de transición, una fase de cambios. Estamos no solo ingresando a una etapa de bicentenario, sino a una elección política de un nuevo presidente. Entonces, esta coyuntura de estar peleándonos ad portas de algo, sobre todo de actores que no van a tener mayor significación al 2021.... Estos señores congresistas no pueden reelegirse, el señor Vizcarra ya se va, sus jueces, que somos nosotros también, ya nos vamos.

Fuentes del TC indicaron que usted se ofreció como ponente de la demanda competencial del Ejecutivo por la vacancia, ¿por qué?

Internamente fui propuesta por magistrados cuyos nombres no voy a decir, y formalmente sabía que eso lo tenía que hacer de manera simbólica, siendo presidenta del TC, ante esta situación bastante emblemática.

Ya se notificó al Congreso sobre la admisibilidad de la demanda, ¿se prevé que haya una resolución antes de fin de año?

El propio Código Procesal Constitucional dice que estas decisiones no deben pasar de tres meses. Intentaremos estar a la altura de esta exigencia. Y como ahora venimos haciendo trabajo remoto, la digitalización, nos ayuda mucho a tener respuestas más rápidas.

En el mejor escenario, ¿podríamos esperar una respuesta antes de fin de año?

Sí, claro.

¿Fue arriesgado que el TC se apoyara en la palabra de algunos líderes de los partidos para rechazar la medida cautelar del Ejecutivo?

No fue el único argumento, tal vez ha sido el que más ha llamado la atención, dada la orfandad de argumentos que entregó el procurador del Ejecutivo. El procurador planteaba que se interprete los alcances del tema de la censura, pero en la medida cautelar decía: “Quiero que se paralice el tema programado para tal fecha”, y lo acompañaba con la citación. Pero no daba alguna evidencia de que esto se iba a materializar.

¿Cuál fue el sustento de su voto en el caso de la cautelar?

Yo también estaba de acuerdo con que no se daban las condiciones para que se dé una medida así de urgencia. Sin embargo, sí consideré, igual que dos magistrados más, que en la medida cautelar debería exhortarse al Congreso para que se considerara el número de votos a tener en cuenta para los procesos de vacancia de un presidente, sobre todo en el último año de Gobierno.

¿La adecuación de un nuevo número de votos para la vacancia se va a tomar en cuenta para la sentencia?

Te digo, podría tomarse en cuenta. No te lo digo categóricamente. Es un insumo que se pone al debate, puede ser que al final digan: “No” o “no sé”. Al final, la decisión es colegiada. Pero sí te tengo que decir que el tema de los número de votos para los procesos de vacancia, frente al vacío que tiene la Constitución, ha sido completada a través de la interpretación que el TC ha hecho en su sentencia en el 2003, y que ahora, tal vez, podría ser revisada en supuestos concretos del último año del Gobierno. Y esa es la labor del Tribunal, del juez, interpretar la norma e ir creando la jurisprudencia, según los casos.

¿Cuáles son los lineamientos que buscarán definir respecto a la vacancia presidencial?

Primero, la razón de ser por la cual se ha promovido este proceso, cuáles son los alcances de una permanente incapacidad moral, cómo debe leerse esta, cuál debe ser su contenido. Hemos escuchado diferentes opiniones, en los medios de comunicación, de expertos que le han dado diferentes lecturas, y lo que se pide es que el Tribunal, por lo menos, acoja alguna línea de cómo debe ser leída.

Se ha dicho que el TC se ha convertido en una cuarta instancia judicial. ¿Qué opina de esa lectura?

Primero recordar que el Tribunal, en base a lo que dice la Constitución, ejerce el control de la constitucionalidad ,y ese control no solo se da en el ámbito del Estado, sino en los privados. En lo estatal se controla el tema del ejercicio, de cómo se emiten las leyes y el contenido;, y también se controlan las actividades del Ejecutivo, el Legislativo, los gobiernos regionales y las labores del Poder Judicial, pero vinculadas a algo. (...) Es una cuarta instancia en la medida de que verifica que el proceso se haya dado con las garantías procesales de un debido proceso, pero no significa que el Tribunal se va temer al fondo de la decisión y a asumir competencias que son propias del PJ.

¿La constitucionalidad del país está en riesgo frente a los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo?

Primero, sí es verdad que hubo estos enfrentamientos y es verdad que hubo una salida constitucional, y es la que nosotros ahora estamos ya advirtiendo y apreciando. Pronto vamos a, por mandato constitucional, renovar la elección del Ejecutivo y el Congreso. Lo ideal es que toda confrontación política tenga por lo menos una salida constitucional frente a las crisis que siempre se van a dar. El asunto es cómo respondemos a esas crisis. La segunda reflexión es que nuestros actos, de todos los ciudadanos y de todos los funcionarios, tienen que adecuarse al mandato constitucional. Acá no es tierra de nadie.

¿En este periodo hubo un exceso en el uso de las cuestiones de confianza por parte del Ejecutivo o de la censura por parte del Congreso?

Eso responde a la coyuntura política del momento. Para hablar de exceso o no tendría que ubicar el escenario y, de repente, podría estar superjustificado hacer uso de ese mecanismo. Tampoco podemos decir que no se use, está el mecanismo, hay que usarlo, pero el tema es si se justifica su uso. Y esa justificación se da según el contexto y la coyuntura del momento.

¿El Congreso pone en riesgo el equilibrio constitucional con iniciativas, en su mayoría, de corte populista?

Como primera idea, todo funcionario debe aspirar a que la decisión que tome, por lo menos, se pueda materializar, ejecutar para recién sentir los efectos de esa decisión. Y la segunda idea es que todo lo que hagamos debe darse en el marco constitucional, porque si no lo hacemos así corremos el riesgo de que nos cuestionen la inconstitucionalidad de esas decisiones.

Una frase dicha por el titular del Congreso, Manuel Merino, fue calificada como machista, y aunque ha ofrecido disculpas, ¿es suficiente para justificar la lectura que tuvo acerca de su trabajo con el Ejecutivo?

Bueno, lo dejo como una comunicación política entre dos líderes de sus instituciones. Yo no me meto en cómo se comunican o cómo se dicen. Ese es un lenguaje político que me aparta del lenguaje técnico y jurídico.

La interpretación también ha sido comentada por el Ejecutivo...

Serán los sociólogos o la psicología social los que analicen el trasfondo del mensaje que lleve esa comunicación, de la cual me excluyo.

¿Lo dispuesto por el Gobierno acerca de las restricciones de la salida de los adultos mayores en la pandemia fue acorde a la Constitución o hubo una vulneración de sus derechos?

Saludo que se haya cambiado el rótulo de la prohibición por sugerencia, porque la prohibición es una situación que nos lleva a un límite de impedir hacer algo

Frente a la emergencia, el Estado suscribió convenios para el intercambio prestacional con clínicas, pero esta modalidad prácticamente no se usó, ¿existió alguna transgresión en los derechos humanos?

Es un tema, hasta ahora, no resuelto lamentablemente en nuestro país, la salud y la educación. Lamentablemente son los temas menos trabajados, no te digo por este gobierno, sino por las experiencias de gobiernos que hemos tenido en décadas. Es la tarea pendiente. (...) Lo que hemos vivido en esta pandemia nos lleva a replantearnos cómo se nos están brindando estos servicios básicos: educación y salud, que son derechos básicos de todo individuo. Y eso nos va a llevar a mirar de otras maneras al Estado mismo, a la administración pública, que lamentablemente hemos visto que no hemos tenido la mejor expresión de ellos.

Esto, además, frente al proceso electoral del próximo año...

Eso también es otra situación que yo advierto. Tenemos que crecer como ciudadanía. No debemos ser entes pasivos esperando que los funcionarios hagan, y cuando hacen mal, los criticamos. Y por qué no tenemos una ciudadanía más empoderada, más opinante, más cuestionadora, que reclame frente a situaciones que no considera que son correctas. Al final los perjudicados, y también, los beneficiados de esta discusión son los ciudadanos.

¿La difusión de los plenos del TC, si bien es un gran aporte a la transparencia, no condiciona a algunos magistrados a actuar para la tribuna?

Ningún magistrado del Tribunal opera para la tribuna, eso sí yo estoy convencida. Y me someto a que lean los argumentos y los votos de cada uno. Nos podrá gustar o no, pero son argumentos jurídicos trabajados a la luz de la interpretación.

Perfil

Marianella Ledesma es abogada. Es la primera mujer en la historia en presidir el Tribunal Constitucional. Estudió Derecho en la UNMSM. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial y un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.