Luego que el Poder Judicial desestimó la tutela de derechos presentada por la presidenta Dina Boluarte, el abogado penalista Mario Amoretti indicó que el rechazo se debe a que las diligencias realizadas por la Fiscalía fueron legales.
Como se sabe la defensa legal de Dina Boluarte buscaba anular la denuncia constitucional y las diligencias fiscales en su contra por la presunta desactivación irregular del equipo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Mario Amoretti precisó en Canal N que el fallo fue legal al haberse declarado las diligencias secretas conforme al artículo 68 del Código Procesal Penal. “No se vulneraron derechos fundamentales, ya que la actuación fiscal no requirió autorización judicial por no tratarse de medidas coercitivas”, señaló.
Mario Amoretti sostuvo que el fallo permite que tanto la Fiscalía como el Congreso sigan con las pesquisas. Adempás, aseveró que el Parlamento puede aceptar o archivar la denuncia constitucional, mientras que la Fiscalía mantiene la potestad de seguir investigando.
Incidió en que si el Congreso decide archivar el caso, la investigación podría reabrirse en 2026, una vez culminado el mandato de Dina Boluarte. El especialista recordó que el Tribunal Constitucional ya validó este proceder, diferenciando claramente entre investigar y acusar a un presidente en funciones.
FALLO
El fallo, emitido por el juez supremo Juan Carlos Checkley, consideró que la solicitud fue presentada fuera de plazo y que, al encontrarse la denuncia ya en el Congreso, el tema escapaba a la competencia judicial.
La defensa de Boluarte alegó vulneración de derechos fundamentales, cuestionando el secreto de las declaraciones de los agentes encubiertos “René” y “Carlos”, así como de otros oficiales involucrados. Sin embargo, el juez Checkley determinó que las diligencias fiscales fueron legales y se ajustaron al artículo 68 del Código Procesal Penal, que permite declarar el secreto en actuaciones que no constituyen medidas coercitivas.
Además, se subrayó que la Fiscalía actuó conforme a la ley, especialmente considerando la posición de Boluarte como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que justificaba medidas de protección para los testigos.
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