Martha Moyano advierte entrega de terrenos a indultados por terrorismo (VIDEO)
Martha Moyano advierte entrega de terrenos a indultados por terrorismo (VIDEO)

Polémica. En agosto de 2017, el gobierno del presidente  (PPK) firma una disposición para agilizar la entrega de un terreno de más de 40 mil m2 en Huachipa (Chosica) a la Asociación de Vivienda Hubert Lanssiers, conformada por cerca de 200 beneficiarios.

En este grupo, no obstante, se encuentran una decena de personas que fueron condenadas y posteriormente indultadas por vínculos terroristas con atentados realizados entre los años 1985 y 2000, según información de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) a la que tuvo acceso Correo.

PROCESO. En el año 1996, y bajo la orden del expresidente Alberto Fujimori, se creó una comisión ad hoc, presidida por el sacerdote Hubert Lanssiers, a cargo de evaluar los casos de las personas injustamente detenidas por terrorismo y traición a la patria.

Tras numerosas liberaciones, el Estado decidió instaurar en 2002, mediante el Decreto Supremo N002-2002, la Comisión Especial de Asistencia a los Indultados Inocentes (CEAII), que tuvo como fin diseñar y ejecutar las acciones y políticas para la reparación no dineraria a favor de estos civiles.

Bajo este escenario es que en 2005 se forma la Asociación de Vivienda Hubert Lanssiers, integrada inicialmente por 166 indultados, para solicitar ante el Ministerio de Justicia (Minjus) la reparación suscrita de acuerdo a ley.

Al año siguiente, el entonces titular del sector, Alejandro Tudela, con el respaldo del hoy exjefe de Estado Alejandro Toledo, autorizaron que el Ministerio de Justicia inicie las acciones para la transferencia de un predio ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho a favor de los beneficiarios del D.S. N002-2002-JUS.

La futura entrega del terreno, con una extensión de 40,288 m2, generó polémica en aquellos años, debido a su cercanía con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) y la falta de servicios de saneamiento en la zona.

Sin embargo, este espacio no fue entregado a sus beneficiarios, pero estaría un paso más cerca de ello tras una de las disposiciones dadas durante la gestión de la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, el Decreto Supremo N017-2017, publicado el pasado 5 de agosto en el diario El Peruano.

ÚLTIMO PASO. La norma, con la rúbrica de la hoy extitular del Minjus y PPK, estipula que el Sub Lote 1-A, inscrito en la partida N12168463 de la Sunarp, será transferido a la Asociación de Vivienda Hubert Lanssiers, destinado única y exclusivamente para viviendas. Asimismo, se indicó que para el otorgamiento de esta área se requiere que beneficiarios no tengan procesos judiciales o procesos ante instancias supranacionales de indemnización, o de ejecución de reparación pendientes con el Estado peruano.

De ser el caso, para la entrega del terreno, los beneficiarios tendrán que desistir de las mismas, ya que sus pretensiones estarían siendo atendidas con la entrega del lote independizado de terreno a ser transferido.

La excongresista , miembro de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo, aseguró que las autoridades quieren favorecer con un terreno en Huachipa a presuntos terroristas que fueron indultados.

Hemos descubierto que algunas personas que han cumplido condenas de 25 a 30 años están en una lista de beneficiarios de un terreno del Estado, dijo.

En 2001, Toledo y Olivera -dijo- simplemente les bajaron la pena y los indultaron. Y hemos encontrado una lista de los que se llaman indultados inocentes y les van a dar un terrenito.

Gregory Gallegos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo, declaró a Canal N que la exministra Marisol Pérez Tello firmó un decreto supremo en agosto último para agilizar la entrega de terrenos a terroristas convictos y confesos, entre ellos a los asesinos de María Elena Moyano.

CUESTIONADOS. De acuerdo con reportes de la Dircote, Victoriano Escudero Velásquez, Edwin Jiménez León, Germán Mosquera Auccacusi, Ana Ortiz Ramírez, Antonio Paredes Quispe, y las hermanas Angélica y Jenny Romero Coro fueron apresados por terrorismo.

Germán Mosquera Auccacusi es sindicado por un parte de la Dincote en 1993 como integrante del grupo que asesinó al coronel PNP Manuel Tumba Ortega, uno de los jefes de ese grupo antisubversivo.

Juana Omero Inga prestó su casa para el ocultamiento bajo tierra de 300 cartuchos de dinamita y fue integrante de Socorro Popular, según el Parte N00816-D3-DINCOTE (del 24/02/1994).

A Vilma Pérez Campos se le sindica como participante junto con su esposo en el asesinato del exalcalde de Pachacámac Raúl Paullet en 1993 (según documento N 00002-SIN-SER.INT.NAC del 7/07/1993).

Jenny Bertha Romero Coro y su hermana Angélica Romero Coro son señaladas por expedientes de la Dincote como integrantes de Socorro Popular en la zona sur de Lima. Ambas fueron indultadas en 2000 por haber sido menores de edad cuando perpetraron los hechos (ver más detalles en infografía).

El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, señaló que su sector evalúa salidas constitucionales ante reparaciones civiles que adeudan miembros de Sendero Luminoso, como las excarceladas Martha Huatay y Maritza Garrido Lecca. La reparación impaga significa que la sentencia no ha sido cumplida en su integridad (...). Estamos viendo las salidas constitucionales, dijo.