Martín Belaunde Lossio: Un juez es detenido y el otro se entrega
Martín Belaunde Lossio: Un juez es detenido y el otro se entrega

Los dos jueces paceños que fueron acusados de haber recibido sobornos de  ya están en manos de la Policía boliviana.

El primero en ser aprehendido fue el vocal de la Sala Penal Primera de La Paz, Ricardo Chumacero, quien fue intervenido en su oficina la noche del viernes por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Según el diario boliviano La Razón, el operativo de captura se realizó luego de que la comisión de fiscales que investiga la fuga de MBL culminara la audiencia de declaración del abogado Jorge Valda, quien solicitó someterse al proceso abreviado y dio detalles de las estrategias que utilizaron para impedir que el prófugo sea trasladado al Perú.

Como se recuerda, el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare), César Siles, denunció que los dos jueces habían recibido $100,000 cada uno para frustrar la extradición de Martín Belaunde Lossio.

SE ENTREGA. Tras la captura de Chumacero; ayer en la tarde, el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Ramiro López, se entregó a la Policía.

Los medios bolivianos informaron que llegó a la sede de la FELCC a las 4 y 30 de la tarde (hora peruana) luego de enterarse que el fiscal departamental de La Paz, Paul Franco, emitió órdenes de captura en contra de él y de su colega Chumacero.

Ahora ambos se encuentran recluidos en la FELCC a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Mientras tanto, la jueza Quinto de Sentencia en lo Penal, Lucía Fuentes, negó la acción de libertad para los vigilantes civiles Víctor Rengel y Ramiro Canoa, custodios de MBL mientras permanecía con arresto domiciliario en La Paz.

El abogado de los detenidos, Milton Andrade, declaró ante la prensa paceña que sus defendidos son inocentes porque no son policías, sino funcionarios públicos del Ministerio de Gobierno.

DELITO. Los jueces son acusados de recibir un soborno de MBL para emitir un amparo constitucional que impida su extradición.

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