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El próximo 15 de julio será sustentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe final de la denuncia presentada contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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La fecha fue reprogramada a pedido de la congresista a cargo de la investigación, María Taipe (Perú Libre). La sustentación estaba prevista para el último viernes 8, pero ante la solicitud de la delegada, el grupo de trabajo aprobó que sea la próxima semana.
La acusación también comprende a la exministra de Salud Pilar Mazzetti por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión.
También a la extitular de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete por los mismos delitos; y al exministro de Relaciones Exteriores Mario López Chávarri por la presunta comisión del delito de colusión.
La referida acusación fue formulada por los excongresistas Lusmila Pérez Espíritu, Luis Castillo Oliva, Roberto Chavarría Vilcatoma, Absalón Montoya Guivin, Mariano Yupanqui Miñano y Rubén Ramos Zapana.
De igual manera, fue programada para esa fecha, la sustentación del informe final elaborado por el congresista José Enrique Jerí Oré (SP), sobre al caso del exministro de Defensa Walter Ayala, denunciado por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas (Avanza País), por presunta infracción al artículo 39 de la Constitución, y por la probable comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal.
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De otro lado, la presidente de la subcomisión, Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso), indicó que el procurador público del Poder Legislativo, Manuel Peña, informó al procurador público especializado supranacional de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Miguel Reaño Balarezo, sobre el estado procesal de las denuncias constitucionales acumuladas en el caso de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
Fue para responder a una petición de Reaño Balarezo, a efecto de que el Estado peruano responda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto de las medidas cautelares solicitadas a favor de la también vicepresidenta de la República.
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