Vizcarra no declarará ante Fiscalización: ¿A qué otros presidentes convocó el Congreso?

El presidente Martín Vizcarra comunicó al Congreso su decisión de rechazar la citación de la Comisión de Fiscalización a fin de que responda por su “participación y vinculación” respecto de contratos de siete personas con el Estado. Así, el mandatario se ha sumado a una lista de mandatarios que, en los últimos años, también han sido requeridos por comisiones investigadoras del Poder Legislativo, aunque con distintos desenlaces.

Inicialmente, la invitación se realizó para este viernes 4 de setiembre a las 4 p.m. La demora en la respuesta, empero, obligó a Edgar Alarcón (UPP), titular del grupo parlamentario, a reprogramar la cita, según anunció anoche a Correo.

En el documento remitido el 31 de agosto al despacho presidencial, Alarcón instó a Vizcarra a responder sobre los contratos de Richard Cisneros o Richard Swing con el Ministerio de Cultura; de su cuñado Fredy Begazo Herrera con el Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura; de Jorge Alva, padre de la ministra de Economía María Antonieta Alva, quien figura como accionista de la empresa Hidroenergética Consultores; entre otros.

La respuesta de Vizcarra, en tanto, se conoció esta mañana. En un oficio dirigido al titular del Parlamento, Manuel Merino (Acción Popular), el jefe de Estado sustenta su postura en un informe del Ministerio de Justicia, el cual concluye que un presidente no está en la obligación de atender citaciones sobre materias distintas a las causales que pudieran dar acusaciones constitucionales o un proceso de vacancia presidencial (ver documento completo más abajo).

En la víspera, el primer ministro Walter Martos manifestó a la prensa que será el mandatario quien tome la decisión.

“El señor presidente de la República personifica a la nación y, por lo tanto, tenemos que respetar su autoridad. Porque mellar la autoridad del presidente tiene repercusiones no solamente nacionales, sino internacionales. Independientemente de quien sea hay que respetar esa figura y no politizar investigaciones mellando la imagen del presidente”, también advirtió.

PPK y la Comisión Lava Jato en Palacio

A inicios de setiembre del 2017, la Comisión Lava Jato del Congreso disuelto, bajo la presidencia de Rosa Bartra (Fuerza Popular), acordó citar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Ello con el fin de que responda por su participación —durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006)— en el proceso de concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur a un consorcio liderado por la empresa brasileña Odebrecht. También por su vinculación con las empresas Westfield Capital y First Capital.

Poco más de seis meses después, y luego de la inicial negativa de PPK, la comisión acudió a Palacio de Gobierno el 16 de marzo del 2018 con Bartra a la cabeza. Participaron también parlamentarios como Mauricio Mulder (Apra), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Karina Beteta (Fuerza Popular), entre otros.

Fue una sesión reservada de más de 7 horas y más de 100 preguntas. Luego de ella, varios legisladores comentaron no haber quedado satisfechos, mientras que Kuczynski, quien declaró como testigo, aseveró en Twitter: “Estoy dispuesto y siempre lo estaré a colaborar en las investigaciones con la plena convicción de que no cometí actos indebidos durante mi ejercicio profesional, ni antes ni ahora”.

Según un audio difundido por “El Comercio”, PPK negó haber tenido injerencia directa en las licitaciones de la carretera Interoceánica Sur y rechazó haber brindado asesorías a Odebrecht o sus empresas vinculadas.

Actualmente, Kuczynski cumple con una orden judicial de arresto domiciliario en el marco del Caso Odebrecht. El equipo especial del Ministerio Público lo investiga por presunto lavado de activos en torno a su empresa Westfield Capital y los presuntos pagos que recibió de Odebrecht.

PPK, la Comisión de Fiscalización y el Caso Félix Moreno

El 14 de diciembre del 2016, la Comisión de Fiscalización, presidida entonces por Héctor Becerril (Fuerza Popular), decidió acudir a Palacio de Gobierno para tomar la declaración de PPK en calidad de testigo. Ello en el marco de la investigación que dicho grupo realizaba por el presunto negociado de Carlos Moreno Chacón, exconsejero presidencial, para beneficiar a una empresa privada mediante un convenio entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Arzobispado de Lima.

PPKi recibió al grupo parlamentario el 20 de febrero del 2017. Becerril dijo a la prensa haber quedado “insatisfecho” y tener “sinsabor” tras la diligencia. Por su parte, el entonces congresista oficialista Vicente Zeballos resaltó que el gobernante respondió todas las preguntas y no recurrió a su derecho de guardar reserva.

El caso se conoció en octubre del 2016 y recién en marzo del 2019 el Colegio Médico del Perú (CMP) dio a conocer que inhabilitó por un año a Moreno Chacón. El Ministerio Público ha solicitado para el exasesor 5 años de cárcel por ser presunto autor del delito de negociación incompatible en calidad de instigador.

Alejandro Toledo y las firmas falsas

Requerido desde enero del 2005, el expresidente Alejandro Toledo recibió el 23 de marzo de ese año a una comisión investigadora presidida por el exlegislador Édgar Villanueva. La pesquisa giró en torno a la presunta existencia de una fábrica de firmas falsas para la inscripción de hoy desaparecido partido Perú Posible (antes País Posible) en 1998.

La sesión fue reservada, pero se supo a través de la prensa que Toledo negó la existencia de una fábrica de firmas. “Los recibo con un gran espíritu democrático. Esto, como ustedes saben, surge como una decisión personal del presidente”, comentó al inicio. El caso también llegó a judicializarse.

Alejandro Toledo se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Estados Unidos mientras continúa un proceso de extradición hacia nuestro país. El Ministerio Público ya ha formalizado ante el Poder Judicial la acusación y solicita 20 años y 6 meses de cárcel por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, a raíz de la presunta recepción de un soborno de hasta US$35 millones de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica.

Alan García no declaró por Petroaudios

Ante un pedido del congresista Edgar Reymundo, la comisión investigadora del Congreso encargada del Caso Petroaudios, dirigida entonces por el legislador Daniel Abugattás, rechazó por mayoría citar al hoy fallecido expresidente Alan García.

Aunque García se había expresado a favor de que su secretaria Mirtha Cunza sí declare ante el grupo de trabajo, este decidió finalmente tampoco convocar a la funcionaria.

El caso se judicializó siendo el principal procesado el exministro aprista Rómulo León Alegría. Sin embargo, todos los involucrados fueron absueltos por la Corte Suprema en el 2016, pues se consideró que las grabaciones interceptadas no eran pruebas válidas.

Ollanta Humala no recibió a Comisión López Meneses

El 4 de junio del 2014, la comisión parlamentaria que investigaba el cuestionado resguardo policial a la casa del exoperador montesinista Óscar López Meneses aprobó por mayoría interrogar al presidente Ollanta Humala.

Sin embargo, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, dirigió un oficio al titular de la comisión, Juan Díaz Dios, informando que si bien el Ejecutivo estaba llano a brindar la colaboración del caso, no resultaba pertinente que Humala sea interrogado.

Jara arguyó que la diligencia “implicaría recabar una declaración testimonial, lo cual quebrantaría el sistema institucional que brinda la Carta Magna para quien ejerce la responsabilidad que implica la jefatura del Estado”. Esto en base al artículo 117 de la Constitución, que señala causales concretas para que un jefe de Estado sea acusado.

El informe que sustenta la decisión de Vizcarra

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