Presidente de Subcomisión de Acusaciones: Vizcarra busca recusar a congresista como “una estrategia dilatoria”

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), aseguró este miércoles que el expresidente Martín Vizcarra, con su pedido para que el congresista Jim Ali Mamani (UPP) no sea el encargado de la investigación en su contra, busca dilatar el proceso de la denuncia constitucional en su contra por su vacunación irregular contra el COVID-19.

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El legislador indicó que no existe la figura de ‘recusación’ en el procedimiento de acusación constitucional y precisó que el proceso ha seguido su curso, pese al requerimiento del exmandatario.

“Entiendo que es una estrategia dilatoria que le está recomendando su abogado defensor. Esto no ha suspendido los efectos de la audiencia que se ha llevado adelante”, señaló en diálogo con Canal N.

El martes pasado el expresidente y candidato al Congreso de Somos Perú, Martín Vizcarra, envió por segunda vez un documento al Congreso para pedir que el legislador Jim Ali Mamani (Nueva Constitución), quien está a cargo de las denuncias constitucionales en su contra por el caso ‘vacunagate’, se aparte del proceso por haber adelantado opinión.

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“Se le ha dado respuesta al señor Vizcarra respecto a ese escrito en una pretendida recusación del congresista Mamani. Sin embargo, lo que no le quedó claro al señor Vizcarra es que la figura de la recusación no existe en el fuero parlamentario. Este procedimiento no tiene esta figura que tiene una connotación penal”, sostuvo.

En otro momento, Carlos Pérez Ochoa consideró que si el expresidente es electo congresista y es inhabilitado “no le entregarían sus credenciales” para jurar al cargo y no podrá ejercer la función de parlamentario.

“Si el señor es electo y no le han entregado las credenciales [y es inhabilitado] simplemente no se las entregarían. Y si tiene las credenciales y es inhabilitado le retirarían los efectos de esas credenciales”, manifestó.

Esto, ante la posibilidad de que el Congreso demore tres semanas en realizar todo el procedimiento de juicio político, que incluye el debate y la votación, primero en la Comisión Permanente y luego en el pleno, si es que la subcomisión decide aprobar un informe que plantea inhabilitarlo como funcionario público.

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