Jueza María de los Ángeles Álvarez no aceptó el requerimiento del fiscal Juárez Atoche por el presunto cobro de coimas durante la etapa de Vizcarra Cornejo como gobernador regional de Moquegua.   (Foto: GEC)
Jueza María de los Ángeles Álvarez no aceptó el requerimiento del fiscal Juárez Atoche por el presunto cobro de coimas durante la etapa de Vizcarra Cornejo como gobernador regional de Moquegua. (Foto: GEC)

En la noche de este jueves 18 de marzo, la jueza María de los Ángeles Álvarez decidió rechazar el pedido de , realizado por el fiscal , contra de , expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto cobro de coimas durante su etapa como gobernador regional de Moquegua.

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Asimismo, la representante del Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones contra Vizcarra. Si el exmandatario incumple lo determinado, podría revocarse la decisión por prisión preventiva.

Las restricciones contra el postulante al Parlamento son de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial. “La obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual”, indicó la magistrada.

Asimismo, Martín Vizcarra tiene prohibido comunicarse por cualquier medio de comunicación, concurrir a los domicilios o establecimientos penitenciarios de coimputados, testigos, peritos y otros vinculados a la investigación. Dicha restricción también se aplica a los familiares de estos.

“Impedimento de mantener contacto o asistir a las entidades públicas y privadas que tengan relación con los hechos en materia de investigación preparatoria antes aludida. De requerirlo por razones que correspondan a su derecho a defensa o trámites legales específicos, deberá contar con autorización judicial”, agregó la jueza.

Vizcarra no podrá ventilar en los medios de comunicación masiva aspectos relacionados al contenido del caso que está sujeto a investigación.

Finalmente, el expresidente pagará 100 mil soles en un plazo de 10 días hábiles como prestación de caución económica.

Como se recuerda, la tesis fiscal sostiene que el exmandatario habría recibido sobornos de las empresas Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) a fin de que estas consigan la buena pro de las obras Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo, respectivamente.

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Previamente, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país para el investigado como medida coercitiva. Además, este miércoles la misma instancia decidió impedir que el también exministro de Transportes y Comunicaciones transfiera 21 inmuebles.

“No abandonaré el país, no pediré asilo político, ni me voy a internar en clínica u hospital”

“El fiscal Germán Juárez Atoche formula un requerimiento de impedimento de salida del país en mi contra por 18 meses. Decidí allanarme, no apelar, porque, como siempre lo he dicho, no voy a abandonar el país, no voy a pedir asilo político, ni me voy a internar en clínica u hospital para evadir la justicia. Ello lo reitero ante todo el país, estoy aquí para responder y aclarar lo que se solicite sin temores porque sé que no he cometido ilícito alguno”, expresó.

Asimismo, el exmandatario indicó que cuando se refiere a que existe una persecución política en su contra es por todos los procesos que se le sigue en el Congreso, Ministerio Público y hasta los pedidos de tacha en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tengo, por un lado, todo el récord de tachas y procesos que también ha aludido mi abogado interpuestas en el JNE. Por otro lado, están los múltiples procesos de acusación constitucional que están en marcha desde el Congreso y apuntan a una inhabilitación express en procesos sumarios y politizados. Ahora, a través de un fiscal que pretende usar, de manera abusiva, una medida excepcional como la prisión preventiva, manifestó.

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