En el transcurso de su juicio oral por la presunta recepción de 2.3 millones de soles producto de coimas, por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el expresidente Martín Vizcarra no cumplirá seis meses de prisión preventiva.
De forma insólita, el pedido del fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, fue rechazado por el juez Víctor Alcocer, del Quinto de Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada).
Extrañamente, la lectura de su resolución inició más de dos horas después de lo acordado, pues había citado a las partes a las 6:30 p. m. Sobre la demora no se brindó ninguna justificación por parte del Poder Judicial (PJ).
Decisión
“No se verifica el grado de intensidad necesario para afirmar la existencia de graves y fundados elementos de convicción que justifiquen la prisión preventiva”, sostuvo Alcocer en relación a uno de los argumentos de la Fiscalía, que había sostenido que dichos elementos se habían “reforzado”, a tal punto que se llegó a fase de juicio oral.
Además, Alcocer consideró que “no hay intensidad que supere o llegue al nivel de una gravedad tan alta para imponer una prisión preventiva, pero ojo, se encuentra en auto de enjuiciamiento y la responsabilidad penal se tiene que determinar en el estadio correspondiente”.
Al determinar solo que Vizcarra cumplirá comparecencia con restricciones, se le prohíbe concurrir a embajadas, la comunicación con personas allegadas o vinculadas a representaciones diplomáticas, se le ordena el control biométrico mensual y el control de actividades cada 30 días. Todo ello en el marco de un Impedimento de salida del país por seis meses.
Ante ello, Juárez Atoche señaló que apelará la decisión ante la instancia siguiente.
En relación al arraigo laboral, el juez evaluó que Vizcarra buscara acreditar dicha figura con un contrato legalizado el mismo día de la primera audiencia, el jueves 26.
La empresa tiene a su esposa Maribel Díaz como gerente y a una extrabajadora del estudio de su abogado, Erwin Siccha, como representante legal.
“No puedo trabajar por la inhabilitación en ninguna empresa del sector público. Muchas empresas del sector privado tampoco quieren contratarme al ser un personaje político que podría generar problemas (…). El 80% de las empresas en nuestro país son familiares”, dijo Vizcarra ayer.
Al respecto, el juez dijo que “no es garantía de un arraigamiento, no consta en autos que esta se ejecute con regularidad en un determinado lugar de trabajo, siendo variable el efecto de la relación contractual”.
Por otro lado, Vizcarra reconoció que, “efectivamente, se declaró como perseguido político en más de una entrevista, tal como señaló la Fiscalía. Sin embargo, remarcó que no realizó tales proclamaciones “en este proceso”.
“Tengo todo el derecho, usando el ordenamiento legal de nuestro país, de recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señaló.
Su abogado, Erwin Siccha, minimizó el informe que recoge una alerta de la Dirección de Inteligencia (DIRIN). Este arrojaba como potenciales escenarios una fuga o pedido de asilo político por parte del procesado.
No obstante, el juez argumentó que “en cuanto a la participación política del investigado pese a la existencia de resoluciones del JNE que le impediría (hacerlo), si bien ello podría ser valorado como un aspecto de su perfil de conducta, en materia penal no resulta admisible la aplicación de la analogía para extender restricciones más allá de los supuestos legalmente previstos”.
Añadió que corresponde precisar que este es un proceso penal autónomo distinto del procedimiento electoral.
Más elementos
En la audiencia también se valoraron los elementos de la Fiscalía sobre la facilidad de Vizcarra para eludir su seguridad policial, brindada en su condición de expresidente, durante su visita a un terminal de buses en Moquegua. El fiscal Germán Juárez entregó los videos, al juzgado, de la cámara de seguridad del lugar donde el exmandatario.
La defensa de Vizcarra evitó responder directamente sobre dichos cuestionamientos.
Afirmó que solicitar una prisión preventiva porque no se visualizan a policías en las grabaciones es desproporcionado y que, finalmente, el exgobernador ya no tiene ninguna comparecencia y puede desplazarse libremente.
El exmandatario, a su turno, explicó que acudió allí a visitar las oficinas municipales que se encontraban en el segundo piso del inmueble.
“Estuve el 22 de mayo (…) Fui con una arquitecta y (…) salimos satisfechos porque habíamos cumplido un trámite que duró más de cuatro meses en el municipio. Ese es el trabajo, por eso me remuneran”, aseguró.
Juárez Atoche también había indicado que Vizcarra ha viajado a distintas provincias “con el único objetivo de realizar ‘proselitismo político’ de su partido político Perú Primero”.
“A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones estableció que el procesado no puede hacer vida política representando a una agrupación política, pues no puede inscribirse como fundador o presidente ejecutivo de la organización política (…) este último nunca acató la decisión dispuesta”, señaló en su requerimiento.
El caso
En el 2014, el gerente comercial de Obrainsa, Paul Tejeda, “hizo entrega en sobres manilas grandes” las sumas de S/400 000 (enero) y S/600 000 (abril) a Martín Vizcarra, por la licitación pública de Lomas de Ilo, apunta la tesis fiscal.
Por el proyecto Hospital de Moquegua, en tanto, ICCGSA efectuó el pago de S/1 300 000 de enero del 2014 a agosto del 2016, mediante su gerente comercial, Rafael Granados, se acota.
Las gestiones se realizaron de la siguiente manera: en el primer caso, la Fiscalía sostiene que el entonces gobernador “se contactó” con Tejeda “y concertó una reunión (…) en las oficinas de Obrainsa, en noviembre del 2013, con la finalidad de ofrecerle ayudar a ganar la buena pro de la licitación a cambio de un beneficio económico indebido” a su favor.
Así, “le brindó información privilegiada” y le indicó que no debía ofertar más de S/81 000 000, “considerando que él como presidente regional sabía del valor presupuestado para dicha obra”. En ese sentido, “solicitó” el 2% del costo directo de la misma (S/1 016 212.76) El contrato se suscribió, finalmente, el 6 de diciembre del 2013.
La dinámica cambiaría para la concertación del Hospital de Moquegua. La acusación indica que Vizcarra “condicionó su conducta” como gobernador a cambio de dinero; es decir, ofreció “no objetar y suscribir el contrato de la buena pro” con el consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA-INCOT) a través de su “amigo y hombre de confianza”, José Manuel Hernández Calderón—también sindicado de trasladar parte del dinero—.
