Martín Vizcarra se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero dijo que su rol como ciudadano y líder de Perú Primero continúa vigente. Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec
Martín Vizcarra se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero dijo que su rol como ciudadano y líder de Perú Primero continúa vigente. Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec

El expresidente Martín Vizcarra rechazó categóricamente el pedido de seis meses de prisión preventiva en su contra por presunto cohecho pasivo durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

El exjefe de Estado calificó la solicitud fiscal como infundada y una “majadería” motivada políticamente, y afirmó que ha cumplido con todas las diligencias judiciales sin intención de fugarse del país.

“No tengo ninguna intención de salir del país”, dijo a Canal N desde Tarapoto.

Cabe precisar que la audiencia, inicialmente programada para el miércoles 25 de junio, fue suspendida y reprogramada para el jueves 26 a las 5:00 p.m. debido a que Vizcarra se conectó de manera virtual desde la región San Martín y mañana deberá asistir presencialmente.

El expresidente aseguró que hará todo lo posible para estar presente y dar la cara ante la justicia.

Martín Vizcarra se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero dijo que su rol como ciudadano y líder de Perú Primero continúa vigente.

Sobre su inhabilitación, Martín Vizcarra afirmó que ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de que esta instancia supranacional levante la restricción y le permita participar en procesos electorales.

La Fiscalía sostiene que Martín Vizcarra habría recibido sobornos por aproximadamente 2,3 millones de soles para favorecer a empresas en dos obras públicas: el proyecto de irrigación “Lomas de Ilo” y la ampliación del Hospital de Moquegua.

El pedido de prisión preventiva busca asegurar la presencia de Vizcarra en el país ante el próximo vencimiento de su impedimento de salida, mientras continúa el juicio oral iniciado en octubre de 2024, en el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Al respecto, Martín Vizcarra ha negado las acusaciones, calificándolas de infundadas y atribuyéndolas a testimonios interesados y represalias por sus denuncias contra el denominado “Club de la Construcción”.

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