El Gobierno avanza en las investigaciones sobre el asesinato de 13 personas en una mina del distrito de Pataz, región La Libertad. El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, informó que existen indicios sólidos que vinculan el crimen con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.
Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Díaz reveló que una de las armas incautadas en una reciente operación en San Juan de Lurigancho pertenecía a una de las víctimas de la masacre.
“Tenemos el hilo de la investigación. Personal especializado está trabajando a fondo y esperamos obtener buenos resultados”, declaró.
Desde que asumió el cargo el pasado 24 de marzo, Díaz señaló que se organizó en menos de 17 días una intervención conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En total, 800 policías y 200 militares intervinieron 20 de las 30 bocaminas identificadas en la zona, logrando capturas, así como la incautación de armas y explosivos.
El ministro también advirtió sobre la complejidad de las operaciones en Pataz, debido a que las minas ilegales poseen túneles de hasta cinco kilómetros de longitud, con condiciones peligrosas que dificultan las intervenciones directas.
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