:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/07e8403f-9850-40b6-9b2d-c66be655c2ed.jpg "Foto de Sofía López")
A la presidenta Dina Boluarte le tomó más de un día informar las acciones de su Gobierno frente al asesinato de 13 trabajadores que colaboraban para una operación minera en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.
En conferencia de prensa, la mandataria anunció, entre varias medidas, la suspensión de las actividades mineras en la zona durante 30 días para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan instalarse.
Es decir, la gestión de Boluarte intenta solucionar la criminalidad que opera en Pataz con la afectación a la minería formal, una de las actividades que aporta de manera significativa en la economía del Perú.
DECISIÓN
En una convocatoria donde no se permitió las preguntas de los periodistas, la presidenta Boluarte anunció las medidas de su gestión por la masacre en Pataz.
Se declarará toque de queda en la zona desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., las Fuerzas Armadas tomará el control y se instalará una base militar en el distrito de Pataz.
Además, el Ejecutivo solicitará facultades legislativa al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano.
“Estamos exigiéndole al Congreso de la República que saquen el marco legal y denominar a estos de actos de terror como terrorismo urbano, para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar”, indicó.
Desde Palacio de Gobierno, la mandataria dijo que todos los mineros que tengan la calidad de “suspendidos” en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), serán excluidos.
Boluarte Zegarra anunció que se suspenderá toda actividad minera por 30 días en Pataz, medida que se puede prorrogar. Sin embargo, no ofreció mayores detalles respecto al anunció.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, precisó que la medida se realiza con el propósito de que las Fuerzas Armadas y la Policía tomen el control efectivo del territorio.
“Por lo tanto, no se va a permitir ninguna actividad”, afirmó.
En otro momento, adelantó que ya se elabora un decreto de urgencia para señalar las líneas maestras que se implementarán en Pataz para corregir el desorden sobre las actividades mineras.
Un primer punto que tendrá el decreto es la definición de las rutas por donde se podrán transportar insumos y materiales de minería, cualquier otra ruta será interdictada.
Además, se establecerán los controles con presencia multisectorial de funcionarios públicos para la fiscalización del transporte y de otra naturaleza.
RESPUESTA
Para Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la decisión de suspender las actividades mineras por un mes para todos no es justo.
“Suspender la actividad formal que cumple con las normas ambientales, de seguridad y tributarias sería contraproducente. No se debe castigar al que actúa dentro de la ley, sino a quien la viola o está vinculado al crimen”, afirmó.
En diálogo con canal N, la representante del gremio minero consideró que el REINFO debe eliminarse de forma definitiva.
“El Reinfo fue un mecanismo transitorio. Quienes en más de 15 años no han cumplido con declarar su zona de actividad o sus insumos, es porque no tienen voluntad de formalizarse”, indicó.
Además, recordó que la minería ilegal no solo afecta a los mineros formales, sino también a los artesanales, pequeños, medianos y grandes, así como a la ciudadanía en general.
Al respecto, el Instituto Peruano de Economía recordó que la minería ilegal es la actividad que generó un escalada de violencia en los últimos años, así como daños significativos sobre la salud pública y el medio ambiente.
En 2024, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron un récord de 7415 millones de dólares, un 54% más que en el 2023.
“Políticas como el Reinfo han otorgado una apariencia de legalidad a esta actividad ilegal, facilitando su expansión”, advirtió el IEP.
REACCIONES
Sobre la tragedia ocurrida, la Fiscalía Provincial Corporativa Mixta de Pataz inició una investigación contra quienes resulten responsables por el delito de secuestro agravado con subsecuente muerte de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de la Compañía Minera Poderosa.
El fiscal provincial Enrique Valverde Cabrera informó que luego del internamiento de los cadáveres en la morgue de Trujillo, se realizó la identificación de los cuerpos y las necropsias médico legales.
Además, se dispuso la incautación de municiones y artefactos explosivos encontrados en tres accesos a la zona denominada Rampa Yuli, con el objetivo de que la Oficina de Criminalística de la Policía en Trujillo realice la pericia balística forense.
Por su parte, el Ministerio de Justicia puso a disposición de los familiares de las víctimas el servicio de defensa pública.
“Un equipo multidisciplinario ha asumido el patrocinio legal de dos familias y ya se encuentra desplegado en la zona participando en las diligencias del caso”, informó la cartera en sus redes sociales.
Más temprano, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, dio una conferencia de prensa desde Trujillo para referirse a la masacre en Pataz.
“A la semana que fui nombrado ministro del Interior, vine a hacer una apreciación aquí en Pataz. Esto no se soluciona de un día para otro. Tenemos plan para intervenir, pero el problema es que estamos en diagnóstico constante de cómo es Pataz”, manifestó.
CITA
Ayer por la mañana, el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, se reunió con la presidenta Boluarte en Palacio de Gobierno para tratar la situación de su jurisdicción. Sin embargo, el burgomaestre no se pronunció en la conferencia que se ofreció por la tarde.
Sin embargo, la autoridad adelantó que su provincia tendrá un paro indefinido que iniciará el 5 de junio como protesta por el asesinato de 13 trabajadores.
Cabe precisar que para el 12 de este mes se tiene previsto realizar una marcha pacífica desde la ciudad de Tayabamba (capital de Tayabamba, provincia de Pataz) hasta Lima para visibilizar las demandas de la zona sobre la inseguridad que atraviesan.
La marcha no solo tiene el respaldo de autoridad, sino también de las rondas campesinas, quienes consideran que el estado de emergencia no reduce los índices de criminalidad.
Por su parte, la Cámara del Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores, entre otros gremios empresariales, emitieron un pronunciamiento para exigir acciones urgentes contra la criminalidad.
Desde su punto de vista, la tragedia en Pataz “es una consecuencia directa de la ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado frente a la criminalidad organizada”.
Esto además del mantenimiento de mecanismos como el Reinfo que lejos de contribuir a una verdadera formalización, permitió durante años la expansión de actividades ilegales.
“No podemos seguir permitiendo que regiones enteras queden secuestradas por la ilegalidad. El Perú necesita un Estado presente, con autoridad y capacidad para proteger la vida, el trabajo digno y el desarrollo formal”, indicaron los empresarios.
