MEF deja sin sustento quejas y excusas de la ONPE contra la revocatoria

Sin excusas. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, dejó en claro ayer que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sí cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Durante su presentación en el Congreso, Castilla señaló que el dinero para la consulta popular "está consignado en el presupuesto del 2013".

Agregó que su sector, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), "va a conversar con las entidades correspondientes para que la disponibilidad presupuestal no sea un problema y cuando se den las elecciones, que se tienen que dar, no haya problema de recursos".

Cabe precisar que la jefa de la ONPE, Magdalena Chú, sostuvo el último fin de semana que su institución no tiene los recursos para iniciar la contratación de funcionarios para la consulta de revocación de la burgomaestre limeña.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que la calidad del proceso, convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el 17 de marzo, estaba en "alto riesgo porque no vamos a tener el tiempo suficiente".

Sin embargo, Castilla echó ayer por tierra toda esta argumentación e incluso precisó que se "puede conversar con las autoridades competentes para que el tema presupuestal no sea un inconveniente".

Asimismo, el titular del sector indicó que está vigente la Ley 29914, que establece una serie de medidas de gasto público para procesos electorales.

"Permítanme recordarles que mediante la Ley 29914 se establece medidas en materia de gastos públicos. El artículo 10 versa sobre medidas excepcionales para convocatorias sobre procesos de elección. Las entidades, con cargo al presupuesto del 2013, inclusive ya pueden empezar todos los procesos. Allí tienen una norma para empezar todos los procesos", detalló durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento.

Como se recuerda, el pasado 9 de octubre la ONPE detalló que entre bienes y servicios y adquisición de activos no financieros, la consulta sobre la permanencia de Villarán tendrá un costo de S/.69'036,643 millones.

Según el informe presentado en esa oportunidad, a ese monto debe sumarse los S/.33 millones para los procesos de revocatoria en provincias, con lo cual se elevaría a S/.102 millones.

En esa oportunidad también se informó que las posteriores elecciones municipales, tras la consulta de revocatoria, costarían un promedio de S/.25 millones.

CARETA. Al respecto, el promotor de la revocatoria de Villarán, Marco Tulio Gutiérrez, dijo que las declaraciones del ministro Castilla "deja sin piso" la campaña que ha desarrollado en los últimos días Magdalena Chú.

"La señora Chú dice y se contradice. Primero pidió la postergación de la fecha, luego dijo que acataría y al final volvió a la carga. Está buscado argumentaciones que enrarecen el ambiente y generan ruido político con el propósito de ensombrecer el proceso", denunció en diálogo con este diario.

Marco Tulio consideró que luego de esta rectificación pública que le ha hecho el ministro de Economía, la jefa de la ONPE, Magdalena Chú, debería adelantar su salida de esa institución, pactada para el 15 de enero del 2013.

"La señora debería marcharse a su casa y dejar de una vez que otra persona, otro funcionario, se encargue del asunto, porque ella ya está de salida. Hay algunos personajes que no han sido invitados a la fiesta, pero entran para deslegitimar la fiesta", dijo indignado.

Asimismo, el promotor señaló que este proceso de buscar firmas para la revocatoria "le ha quitado la careta a varios personajes", quienes han mostrados sus simpatías políticas en lugar de emitir opiniones técnicas sobre la materia.

"En política no hay casualidades y ya hemos visto en todo este proceso cómo se han ido desenmascarando determinadas personas. Yo creo que en adelante algunos funcionarios deben decir cuál ha sido su militancia política y, sobre todo, si han renunciado a ella o si han dejado de pertenecer a ella", comentó.

PONE FIN. Por su parte, el experto en derecho municipal Julio César Castiglioni consideró que las explicaciones del ministro Luis Castilla contradicen los argumentos esgrimidos por la ONPE para solicitar la postergación del proceso de revocatoria.

"El principal argumento de la ONPE es que no tiene recursos, y lo que ha dicho Castilla pone fin a esto. Está claro", comentó.

Asimismo, Castiglioni recordó que otro argumento de la institución que dirige Magdalena Chú es que no cuenta con la logística indicada, lo que también es falso.

"Ese argumento es sencillamente un despropósito porque la ONPE viene saliendo de un proceso de revocatoria del año 2011. Y no ha terminado, porque ni siquiera se han entregado las credenciales a las nuevas autoridades que reemplazan a los revocados. Entonces la logística sobre el particular está allí", indicó.

Castiglioni dijo que también se ha quedado de lado el argumento de que la ONPE no cuenta con el tiempo suficiente para convocar a concurso y contratar el personal requerido para el proceso electoral.

"En el caso de los procesos electorales, por la urgencia del caso, se hacen exoneraciones de menor cuantía, una adjudicación directa en la que se invita al postor", señaló. Explicó, en ese sentido, que nunca el JNE ni la ONPE han recurrido a procesos de selección de personal muy largos, teniendo una elección a cuestas.

El especialista recalcó que el JNE convocó una fecha (17 de marzo del 2013) para la revocatoria dentro de la fecha legal y por tanto se tiene que cumplir con ello sin reclamar.

"Yo no entiendo en dónde está lo complicado para la señora Magdalena Chú, pues para este proceso se va a emplear un solo padrón, se trata de una sola provincia de 42 distritos en la que no hará desplazamientos de nada", afirmó.

Agregó que la ONPE solo es un ente encargado de contar votos, porque son en realidad los Jurados Electorales Especiales los que llevan a cabo el proceso electoral y encima no hay nada que sortear respecto a ubicaciones en la cédula.

"Los argumentos de la ONPE para sustentar la postergación del proceso no han sido sólidos", comentó Castiglioni a este diario.

ONCE JURADOS. Cabe precisar que recientemente el JNE estableció 11 Jurados Electorales Especiales (JEE) en la ciudad de Lima para llevar adelante el proceso de consulta popular de revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán y los 39 regidores del concejo metropolitano.

Se informó que los JEE estarán ubicados en los distritos de Los Olivos, Puente Piedra, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, Santiago de Surco, Santa Anita, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, y Villa María del Triunfo, de acuerdo con la Resolución 1055-2012-JNE.

De acuerdo con ese documento aparecido en el diario oficial El Peruano, dichas circunscripciones tendrán carácter administrativo-electoral y son "necesarias para la labor jurisdiccional, planificación y desarrollo de las actividades comprendidas en el cronograma electoral, tanto del JNE como la ONPE".