La visita del ministro de Justicia a El Salvador para recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ha despertado las expectivas por la posible construcción de una megacárcel en el Perú.
Eduardo Arana viajó por invitación del Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El periplo, que se inició el último 22 de febrero y culminó ayer, tenía como propósito “intercambiar experiencias en materia de seguridad pública”.
En la semana, el premier Alberto Otárola destacó la “infraestructura adecuada, moderna y eficiente” del penal salvadoreño. Este alberga a 12 mil pandilleros –exmiembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, las principales organizaciones criminales del país– hasta la fecha.
El CECOT –del que se desconoce su costo total– se construyó en tan solo siete meses. El mismo periodo transcurrido en el Perú desde que Dina Boluarte, presidenta de la República, anunció la construcción de nuevas cárceles a lo largo del territorio nacional. Fue el 28 de julio del año pasado.
FUNCIONAMIENTO
Pese al contingente que alberga en la actualidad, la cárcel que puso a El Salvador en los ojos del mundo está lejos de abarrotarse.
El establecimiento tiene espacio para otros 28 mil pandilleros, los mismos que serían trasladados, una vez detenidos, en grupos de 2 mil o 3 mil, aproximadamente. Las condiciones carcelarias, a lo largo de las 166 hectáreas que posee, son extremas: los reclusos llevan una austera dieta de arroz, pasta o huevos. Dos mil presos están concentrados en cada uno de los ocho módulos existentes. Nunca abandonan los módulos. El breve tiempo recreativo concedido los cumplen en los amplios pasillos. Los inodoros y piletas para bañarse están instalados dentro de las celdas. No hay privacidad.
Asimismo, 400 cámaras de seguridad registran cualquier movimiento.
El penal posee alambradas electrificadas a lo largo de un muro de 2 km. con 11 metros de altura. Demás está decir que no hay señal de celular.
PROCESOS
El último jueves 8, un tribunal salvadoreño realizó la primera audiencia masiva, de forma virtual, a cabecillas pandilleros.
La conexión se estableció con diez penales, entre ellos el CECOT. Según la Fiscalía del país vecino, entre los procesados hay cerca de 500 cabecillas de los Mara Salvatrucha y otros presuntos delincuentes.
Se les atribuye homicidio y rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador, entre otros.
En medio de críticas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos, se contabilizan 76 mil personas detenidas sin orden judicial, desde que se instauró el estado de excepción, hace dos años.
Según la agencia AFP, se liberaron a 7 mil personas consideradas inocentes.
“(Estos penales) pensamos, ojalá, implementar aquí en Perú. Tenemos una sobrepoblación carcelaria, casi cien mil presos; la mitad de ellos sin sentencia. Nos preocupa los presos por delitos violentos que podrían seguir, desde la prisión, dirigiendo redes criminales”, ha indicado Otárola.
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