Midagri: Designaciones cuestionadas desde la llegada de Óscar Zea

Desde que el congresista por Perú Libre (PL), Óscar Zea, asumió como ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha enfrentado graves acusaciones en su contra, como el haber sido procesado por dos homicidios.

Al estilo del exministro Juan Silva Villegas (MTC) parece haber convertido el sector en una especie de “agencia de empleos” para militantes del partido de gobierno y personas con cuestionamientos.

Y es que tres días después de haber asumido como ministro, Zea nombró como su brazo derecho a Paul Jaimes Blanco como el secretario general de su despacho, pese a que fue acusado por violencia familiar y denunciado por amenaza con arma de fuego.

NOMBRES

Otro nombre que destaca es el de Edgar Sosa Rojas, quien fue designado como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur. Su nombre aparece en diferentes recortes periodísticos de Ayacucho, pues en 2013 fue denunciado por los delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funciones, colusión y negociación incompatible.

Dos semanas antes de su nombramiento, visitó el despacho del legislador Germán Tacuri, representante de la misma región donde fue denunciado.

En la misma línea se nombró a Felicísimo Antúnez Antúnez como viceministro de Agricultura Familiar pese a tener una acusación fiscal por la presunta comisión de los delitos de apropiación ilícita y fraude.

Antúnez, quien se desempeñaba hasta hace poco como asesor de Zea en el Congreso, fue acusado por apropiarse presuntamente de más de S/97 mil de una Asociación Civil Fondo Magistral Social que tiene como asociados a poblados y comunidades campesinas.

Por otro lado, hay un funcionario que rotó desde el Despacho Presidencial al Midagri. Se trata de Ysmael Mayuri Quispe, quien está citado en la Comisión de Fiscalización del Congreso luego de conocerse que envió una solicitud a Recursos Humanos con una lista de todo el personal que nació en Chota, Cajamarca, la tierra del mandatario.

Sin embargo, ahora es Director General de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

También están los nombres de Remigia Montafur Chambilla y Luis Sirlopú Saavedra. Coincidentemente, ambos postularon el 2021 a diferentes procesos para el gobierno regional de Puno y para el Midagri, sin embargo, no tenían la experiencia necesaria, sin embargo, esta vez si pudieron ingresar al Estado con el nuevo ministro Zea.

CAMBIOS

Cabe recordar que el ministro Zea ha removido a 52 funcionarios de la cartera como informó Correo (Edición 27 de marzo de 2022) y entre ellos, algunos llaman la atención.

Por ejemplo, se nombró al administrador Mirko Avendaño Quevedo como jefe de la Unidad Zonal Cusco del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural el mismo día. Este fue candidato por Somos Perú en las elecciones congresales del año pasado y según el Registro de Organizaciones Políticas presentó su ficha de afiliación a PL el 3 de enero de este año.

Su antecesor fue Percy Escobar Luna, un ingeniero zootecnista y bachiller en ciencias agrarias, mientras quien ocupó el puesto antes fue el ingeniero Víctor Baca Ramos.

Precisamente, esa resolución fue firmada por Rogelio Huamaní Carbajal, el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo desde octubre del año pasado. Este funcionario fue uno de los que se adhirió al hábeas corpus para frenar el operativo contra “Los Dinámicos del Centro” (ver infografía).

El militante de PL que también fue funcionario en la segunda gestión de Vladimir Cerrón se mantiene en el cargo, pese a que se conoció que se adhirió al hábeas corpus para frenar el operativo Los Dinámicos del Centro y que, posteriormente, aparecieron unos chats que lo vincularon con la presunta organización criminal.

Finalmente está Dioly Velásquez Manchego, una abogada que fue designada como directora de la Direcciónde Gestión de Inversiones de Infraestructura Hidráulica y Riego. Ella postuló en octubre del año pasado a un proceso CAS del Midagri para el servicio de abogada, sin embargo, no superó la etapa de evaluación curricular y fue descalificada. Esto debido a que entre los requisitos se solicitaba un diplomado en contrataciones del Estado, sin embargo, el diploma que presentó Velásquez tenía 75 horas cuando los programas de especialización debían tener una duración mínima de 90 horas.

Su antecesor fue Carlos Alberto Jibaja Palomino, un economista especializado en finanzas que se había desempeñado antes en puestos similares como asesor financiero en el Ministerio de Vivienda.