Si bien el Ministerio de Energía y Minas del Perú informó que los más de 50 mil excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pueden presentar recursos de reconsideración hasta el 21 de julio; el exministro de dicha cartera, Miguel Incháustegui, enfatizó que este proceso no significa un reingreso automático al registro.
Miguel Incháustegui subrayó que para que sean readmitidos, los solicitantes deberán presentar documentación válida que sustente su pedido.
En entrevista en Canal N, el exministro de Energía y Minas explicó que la opción de apelar es un derecho ya contemplado en la ley y no obedece a presiones de sectores de minería informal o ilegal.
Además, estimó que solo una minoría podrá revertir la exclusión, pues la mayoría no acreditó actividad minera ni presentó documentos en más de cuatro años; y aseveró que los excluidos deben demostrar que su salida fue un error, presentando pruebas de actividad reciente, permisos ambientales, planes de minado o acuerdos con los titulares de concesiones.
Miguel Incháustegui también señaló que los criterios para permanecer en el Reinfo no han variado y que la exclusión fue producto de un proceso técnico de depuración. Así, insistió en que es inviable un regreso masivo al registro, ya que muchos excluidos tampoco gestionaron acuerdos con concesionarios, constituyendo un obstáculo adicional para la formalización.
“Yo considero que si hay (reingreso) será un número muy mínimo de personas que logren que se les reconsidere, porque tienen que demostrar con pruebas y documentos que, lo que ha hecho del ministerio -sacarlos del listado- es equivocado”, dijo.
Respecto a posibles reacciones sociales y acciones judiciales, Incháustegui advirtió que podrían presentarse numerosos recursos de reconsideración y demandas, pero aclaró que, mientras duren estos procesos, los excluidos no podrán continuar operando como lo hacían en calidad de suspendidos.
Además, negó que se trate de una medida que genere desempleo, pues Además, la mayoría de los registros desafiliados no reportaba actividad minera, e identificó intereses políticos detrás de algunas críticas.
Finalmente, destacó que las próximas reuniones entre el Gobierno y las asociaciones de mineros serán clave para definir posturas. Según Miguel Incháustegui, el objetivo debe ser una minería artesanal sostenible y formal, priorizando a quienes cumplen con los trámites requeridos y avanzan en su legalización.
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