Patrimonio en riesgo ante la mirada pasiva del Estado.
Patrimonio en riesgo ante la mirada pasiva del Estado.

Las emblemáticas Líneas de Nasca, patrimonio mundial declarado por la UNESCO en 1994, enfrentan una amenaza: la minería ilegal que avanza cada vez más cerca de los geoglifos, poniendo en peligro uno de los legados culturales más importantes del Perú y el mundo.

En mayo de 2025, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que recortó en un 42% la extensión de la Reserva Arqueológica de Nasca, reduciendo el área protegida de 5,600 a aproximadamente 3,200 kilómetros cuadrados.

Esta medida, presentada como una actualización técnica, excluyó más de 2,300 km² del polígono de protección, lo que facilitó la presentación de más de 60 solicitudes de concesiones mineras en solo cinco días ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Al quedar fuera del área protegida, estos terrenos no requieren presentar el Plan de Evaluación Arqueológica (PEA), lo que abre la puerta a la minería sin controles patrimoniales.

De acuerdo a un informe de “Punto Final”, investigaciones de campo y reportes oficiales confirman que la minería informal opera en la zona desde hace más de una década, con campamentos clandestinos, maquinaria pesada, explosivos y plantas de procesamiento dentro de la reserva arqueológica.

Esta situación agrava el riesgo para las Líneas de Nasca, ya que la minería ilegal no solo afecta el patrimonio sino también la seguridad regional.

La ausencia de saneamiento físico-legal de más de 150 sitios arqueológicos en la región, junto con la falta de personal, señalización y vigilancia, evidencia el abandono del patrimonio por parte del Estado. El Ministerio de Cultura ha reconocido que Nasca es la zona más afectada por la minería ilegal dentro de su jurisdicción arqueológica, pero la clandestinidad y extensión del territorio dificultan la supervisión y control.

El alcalde provincial Jorge Bravo Quispe, con vínculos a la minería, propone separar las zonas arqueológicas de las áreas explotables, mientras que la comunidad científica, gremios turísticos y sociedad civil exigen la derogatoria inmediata de la reducción del área protegida y una mayor protección estatal.

Ante la presión pública y científica, el Ministerio de Cultura anunció la restitución del perímetro original de la reserva arqueológica, aunque la implementación de medidas efectivas para proteger la zona tomará tiempo. Mientras tanto, la minería informal y las actividades ilegales continúan expandiéndose, aprovechando el vacío legal y la débil fiscalización.

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