La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formalizó la investigación preparatoria seguida contra el suspendido congresista de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón Tejada, por el delito de enriquecimiento ilícito agravado.

A través del documento, de fecha 26 de abril y al que accedió Correo, Ávalos declaró complejo esta pesquisa por el plazo de ocho meses y designó a la fiscal suprema Bersabeth Revilla a cargo del caso “para que proceda conforme a sus atribuciones”.

Revilla, sin embargo, no ha solicitado ninguna medida restrictiva ante el Poder Judicial contra Alarcón -como la prisión preventiva, comparecencia restringida o impedimento de salida- para asegurar la presencia del imputado en el proceso, según pudo conocer este diario.

El pasado 16 de abril, el pleno del Congreso aprobó por mayoría la acusación constitucional contra el excontralor y legislador por enriquecimiento ilícito.

CARGOS. La Fiscalía imputa a Edgar Alarcón, a raíz de las denuncias periodísticas sobre la compraventa de más 90 vehículos de alta gama entre los años 2002 y 2015.

Del 2013 al 2015, el denunciado adquirió nueve vehículos por $ 182 mil, 550 cuando aún era vicecontralor. Sin embargo, no consignó esa información en su declaración jurada, señala la Fiscalía.

Además, dos informes periciales financieros arrojaron que “los ingresos de fuente ilícita” de Alarcón ascendieron a 687 mil 826.37 soles y sus egresos (gastos) fue de S/ 889,163.61, dejando “un presunto incremento patrimonial no justificado” de 201 mil 337.24 soles.

En 2016, Edgar Alarcón fue designado como contralor, cargo que asumió hasta julio del 2017, cuando fue destituido por el Congreso.

DEFENSA. El abogado de Alarcón, Humberto Abanto, señaló a Correo que el Ministerio Público ha cometido un error al evaluar la situación financiera de su patrocinado.

Aseguró que no se tomó en cuenta, en el saldo inicial, los montos de dinero que se encontraban en depósitos bancarios que ascienden a S/ 338 mil 045.28 soles, “creando así un desbalance patrimonial”.

Imputación

La Fiscalía señala que Edgar Alarcón se habría enriquecido ilícitamente en los distintos cargos que tuvo en la Contraloría.

años es la pena máxima de prisión para el delito de  enriquecimiento ilícito.

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