El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó este miércoles que el Ejecutivo implementará un Decreto Supremo para transferir a manos privadas el control de acceso a los establecimientos penitenciarios.

El anuncio se realizó durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde detalló los alcances de la medida.

Según explicó Arana, se llevará a cabo un concurso público para seleccionar a la empresa que se encargará de gestionar el ingreso a los penales, comenzando por aquellos considerados de mayor riesgo.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones destinadas a fortalecer la seguridad en estos centros, donde se han reportado reiterados problemas de ingreso ilícito de objetos y comunicación clandestina entre internos.

Nuevas reglas para telecomunicaciones

El ministro señaló que se aprobará en breve el reglamento del Decreto Legislativo 1688, el cual establece sanciones para las empresas de telefonía que no impidan las comunicaciones no autorizadas al interior de las prisiones.

Además, adelantó que su portafolio trabaja en una modificación normativa para agilizar las investigaciones penitenciarias, lo que incluirá el desbloqueo de teléfonos intervenidos y la entrega de información relevante a la Policía Nacional.

Inversiones en infraestructura

Durante su exposición, Arana también hizo referencia a los avances en modernización carcelaria, como la implementación de sistemas de vigilancia con inteligencia artificial y la ampliación de bloqueadores de señal.

Asimismo, mencionó que se han obtenido financiamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la construcción de nuevos penales.

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